Agenda con Voz: Exhumaciones, deuda pendiente

En México, hablar de exhumaciones no es únicamente referirse a un proceso técnico o pericial. Es, ante todo, hablar de derechos humanos, de memoria y de la deuda histórica que el Estado tiene con miles de familias que buscan a sus seres queridos.

La dignidad de una persona no concluye con su muerte. Así lo mandata nuestra Constitución y lo reafirman los estándares internacionales, como el Protocolo de Minnesota, que establece que toda investigación relacionada con la muerte debe realizarse con independencia, imparcialidad, transparencia y rigor científico. Este principio cobra especial relevancia en contextos como el nuestro, donde la identificación de restos humanos representa una esperanza para las familias y una obligación irrenunciable para las instituciones.

En este sentido, la identificación de restos humanos no es solo un proceso forense: es un derecho humano. El derecho a la verdad, a la identidad y a la justicia pasa necesariamente por la posibilidad de que cada persona sea reconocida, nombrada y restituida dignamente a sus familias.

Los estándares internacionales en la materia subrayan la importancia de contar con registros confiables, bases de datos integradas y procesos técnicos rigurosos que permitan la trazabilidad de cada hallazgo. Por ello, el adecuado registro de los restos humanos —desde su localización, embalaje, documentación, hasta la obtención de perfiles genéticos— es fundamental. No se trata únicamente de un requisito técnico, sino de una garantía para las familias, que les permite mantener viva la posibilidad de encontrar a sus seres queridos y acceder a la justicia.

La ausencia de registros adecuados o su manejo deficiente puede traducirse en la pérdida irreparable de información y, con ello, en la negación de derechos.

Desde la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos hemos dado un paso firme al establecer los Lineamientos para la participación en diligencias de exhumación en fosas institucionales. Se trata de la consolidación de un marco técnico y ético que garantiza que cada intervención se realice con respeto absoluto a la dignidad humana y a los derechos de las víctimas.

Estos lineamientos establecen que la Comisión no será una observadora pasiva. Nuestro papel es activo, vigilante y comprometido. Supervisamos que las autoridades actúen con debida diligencia, documentamos posibles irregularidades, verificamos la correcta cadena de custodia, la toma adecuada de muestras genéticas y la debida integración de los registros forenses, y, sobre todo, cuidamos que las familias sean tratadas con respeto, sensibilidad y humanidad.

Uno de los aspectos más relevantes es la participación de los colectivos y familiares. Antes de cada diligencia, generamos espacios de diálogo para escuchar sus inquietudes, explicar los procesos y construir canales de comunicación directa. Porque no puede haber verdad ni justicia sin la voz de quienes buscan.

En este sentido, el pasado viernes sostuvimos una reunión fundamental con colectivas de búsqueda en el marco del inicio de la quinta etapa de los trabajos de exhumación del Panteón Municipal Pedro Amaro en Jojutla. Este encuentro no solo permitió establecer acuerdos operativos, sino también refrendó algo esencial: el reconocimiento del papel central de las familias en estos procesos. Las exhumaciones deben realizarse bajo un enfoque diferenciado y especializado, entendiendo que la falta de identificación no es solo una omisión institucional, sino una forma de victimización continua.

Por ello, nuestros lineamientos también contemplan condiciones dignas para las familias, acceso a información clara y la posibilidad de señalar inconformidades en tiempo real. Asimismo, fortalecemos la autonomía de la Comisión. Nuestro personal actúa como observador técnico-jurídico independiente, sin subordinación a autoridades ministeriales o periciales.

Esta independencia es clave para garantizar informes objetivos, transparentes y útiles para la rendición de cuentas. Cada cuerpo, cada indicio cuenta una historia. Pero solo a través de su adecuada identificación y registro esa historia puede encontrar un nombre, una familia y un cierre digno.

Agenda DHM 2025-2028: la voz ciudadana que antecede y orienta la acción

La Agenda de Derechos Humanos de Morelos 2025-2028, construida con 2,405 personas en los 36 municipios del estado, identificó el derecho a la verdad y la búsqueda de personas desaparecidas como eje prioritario de política estatal. La Agenda es el instrumento que traduce obligaciones internacionales a las condiciones específicas del territorio morelense. Lo que la CDHM está construyendo es la capacidad institucional que esa hoja de ruta hace posible y necesaria.

Lo que las instituciones le deben a quienes buscan

Las familias buscadoras piden al Estado que opere con el rigor que la verdad reclama. Esta Comisión acompaña los trabajos en Jojutla con lineamientos técnicos bajo los estándares nacionales e internacionales que el proceso forense demanda. Nuestra presencia responde a un mandato de vigilancia activa: con criterios propios, independencia real y la determinación de documentar cualquier irregularidad que comprometa los derechos de las víctimas.

Hoy más que nunca, debemos entender que la justicia también se construye desde la memoria, desde la ciencia y desde el trato digno a quienes ya no pueden alzar la voz.

Garantizar la dignidad en las exhumaciones y el derecho a la identificación es, en esencia, garantizar el derecho a la verdad. Y en esa tarea, seguiremos aportando con todo el compromiso y responsabilidad.

“En Morelos, todos los derechos para todas las personas”.