Tercero Interesado: La promesa de la abundancia

En los últimos años ha comenzado a circular con fuerza en el debate político internacional una idea tan sencilla como polémica: las democracias contemporáneas no padecen únicamente un problema de promesas incumplidas, sino una creciente incapacidad para producir resultados tangibles. Vivienda, infraestructura, energía, transporte público, servicios básicos. En demasiados casos, los gobiernos anuncian políticas ambiciosas que terminan diluidas entre trámites, restricciones presupuestales o inercias institucionales.

A partir de ese diagnóstico, algunos analistas en Estados Unidos, entre ellos Ezra Klein y Derek Thompson, han popularizado lo que llaman la agenda de la abundancia. Su argumento es que buena parte de las frustraciones políticas actuales se explica por una brecha entre las expectativas sociales y la capacidad real del Estado para construir, invertir y ampliar bienes públicos. El problema no sería solo cómo distribuir la riqueza existente, sino cómo generar suficiente oferta de bienes esenciales.

Durante décadas, buena parte del debate progresista se ha centrado en la redistribución. La propuesta de la abundancia sugiere un giro: además de repartir mejor, es necesario producir más vivienda accesible, más energía limpia, más infraestructura estratégica y servicios públicos capaces de sostener el bienestar colectivo. La idea resulta atractiva porque conecta con una experiencia cotidiana. En muchas democracias, los ciudadanos perciben que las soluciones tardan demasiado en llegar o simplemente no llegan. Proyectos anunciados con entusiasmo terminan atrapados en disputas políticas o bloqueos administrativos, y ese contraste entre expectativa y resultado erosiona la confianza pública.

Sin embargo, convertir esta idea en doctrina política implica riesgos. El primero es el deslizamiento hacia una lectura excesivamente tecnocrática de los problemas públicos. Con frecuencia, los defensores de la abundancia atribuyen los obstáculos a regulaciones excesivas o a burocracias ineficientes, lo cual es solo parcialmente cierto pues la producción de vivienda, infraestructura o energía no se frena únicamente por trámites; también intervienen intereses económicos, estructuras de poder, conflictos territoriales, presiones sociales y estrategias empresariales que no se pueden ignorar, pues equivaldría a mirar solo una parte del problema.

Además, la abundancia material no garantiza por sí misma bienestar colectivo. Una economía puede producir más bienes, más infraestructura o más energía y, aun así, mantener profundas desigualdades o beneficios concentrados en pocos actores. La historia económica muestra que el crecimiento, por sí solo, no asegura justicia social ni calidad de vida compartida.

La segunda ambigüedad tiene que ver con el papel del Estado. Muchos defensores de esta agenda imaginan un gobierno capaz de impulsar grandes proyectos mientras simplifica reglas y estimula la inversión privada. En teoría se trataría de un Estado más eficaz. En la práctica, la frontera entre un Estado que coordina la producción colectiva y uno que simplemente abre espacio al mercado puede volverse difusa.

También existe una tensión ambiental. La transición energética exigirá grandes inversiones en infraestructura y tecnología, pero la promesa de una abundancia ilimitada basada exclusivamente en la innovación tecnológica choca con una realidad evidente: los recursos naturales y los equilibrios ambientales tienen límites.

En México, donde amplios sectores enfrentan déficits simultáneos de seguridad, servicios públicos e infraestructura social, la promesa de producir más bienes esenciales resulta naturalmente atractiva, pero también enfrenta límites evidentes. Instituciones frágiles y capacidades administrativas desiguales complican cualquier estrategia de expansión productiva.

La promesa de la abundancia siempre será seductora, pero el debate de fondo no es si las sociedades deben aspirar a ella, sino qué tipo de abundancia se quiere construir, para quién, bajo qué reglas y con qué recursos. Porque producir más no necesariamente significa vivir mejor.

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