Una vida digna, hasta el último aliento

El proyecto conocido como Ley Trasciende, fue presentado en el Senado el pasado 19 de noviembre por su impulsora principal, Samara Martínez, una activista por el derecho a la muerte digna en México y quien, además, es paciente diagnosticada con insuficiencia renal terminal. Esta iniciativa de Ley busca ampliar los derechos ya reconocidos en la Ley de Voluntad Anticipada, legalizando con ello la eutanasia en nuestro país [1].

La eutanasia es un asunto biopolítico pues pone al centro de la discusión la cuestión de quién y cómo decide sobre la vida y la muerte de los(as) demás. La biopolítica concibe que el Estado moderno no solo gobierna territorios, sino también los cuerpos que lo habitan, normando y administrando asuntos como la salud, la reproducción, la enfermedad y la muerte [2]. Por ello, el hecho de si persona tiene libertad o no para poner fin a su vida en condiciones de sufrimiento extremo, no es un tema individual, sino una expresión del poder estatal sobre la vida.

Uno de los obstáculos morales alrededor de la eutanasia es la distinción entre acción versus omisión (que para este caso se traduce en la diferencia entre “matar” y “dejar morir”). En distintos marcos éticos y jurídicos prevalece la idea de que provocar activamente la muerte es más grave y, por ende, sancionable, que la omsión de tratamientos que, de igual forma culminarán en la muerte. El asunto es que, aun teniendo el mismo resultado, el sufrimiento de la persona que experimenta una enfermedad en estado terminal no sería el mismo. La valoración negativa de la acción contribuye a percibir la eutanasia como un acto violento, al tiempo que normaliza prácticas de omisión haciéndolas pasar como “neutrales” moralmente.

Como todo derecho, nadie está obligado a ejercerlo. Esta Ley está hecha, precisamente, para respetar y ejercer la voluntad individual y propone condiciones para los casos en que la persona no esté en condiciones de manifestarse. Así mismo, respeta la voluntad del personal médico para no aplicar la eutanasia. No obstante, aun cuando la objeción de conciencia es legítima, ésta no puede traducirse en un impedimento estructural; en ese sentido, de aprobarse la Ley, los servicios púbicos de salud habrían de contar con personal no objetor para hacer efectivo el derecho de las personas que lo soliciten (tal y como ocurre con la interrupción legal del embarazo).

Además de un proyecto legislativo, la Ley Trasciende es un proyecto ético que convoca a la empatía para con quienes experimentan el sufrimiento de un padecimiento terminal. El trasfondo de esta Ley nos invita a reconocer el sufrimiento ajeno como un asunto moralmente relevante y nos recuerda que la política debería construirse desde la experiencia situada y no desde la abstracción, el dogma o, como dice Samara Martínez, desde “el privilegio de tener salud” [3].

Fuentes:

[1] Valencia, I. (30 de octubre de 2025). Ley Trasciende, impulso al buen morir. Gaceta UNAM. Disponible en: https://www.gaceta.unam.mx/ley-trasciende-impulso-al-buen-morir/  

[2] Foucault, M. (2009). Nacimiento de la biopolítica: curso del Collège de France (1978-1979) (Vol. 283). Ediciones Akal.

[3] Samara Martínez, impulsora de la Ley Trasciende, en entrevista para Animal Político. Disponible en: https://animalpolitico.com/sociedad/ley-trasciende-samara-legalizar-eutanasia-mexico