Tiempos Modernos: El oportunismo perverso de algunos

El asesinato de Sandra Rosa Camacho Flores abrió una herida profunda en Morelos, pero también destapó algo que ya se veía venir: el intento inmediato de ciertos actores políticos por capitalizar la tragedia. La gobernadora lo dijo con claridad: hay quienes buscan convertir este crimen en un arma partidista para golpear al gobierno de Margarita González Saravia. Eso es "perverso", es como quienes monetizan en las redes sociales con la tragedia humana. Y aunque la frase incomodó a más de uno, el comportamiento público de algunos grupos confirma que no estaba equivocada.

Porque sí: Sandra Rosa aparece en un video pidiendo apoyo. Pero lo que casi nadie menciona es que contaba con medidas de protección, activadas en cuanto se presentó su denuncia. Ese dato, fundamental para entender el contexto, desapareció de los discursos que hoy intentan usar su muerte como munición política. No es casualidad: la narrativa del abandono absoluto es más rentable que la verdad completa.

Pero el problema de fondo no está ahí. El problema es que la violencia política en Temoac no nació ayer, ni con este gobierno. Temoac lleva años atrapado en una dinámica donde el crimen organizado colonizó el gobierno municipal, influyó en nombramientos, colocó a algunos de sus integrantes, intimidó a liderazgos comunitarios y convirtió la vida pública en un terreno de riesgo permanente. Quien hoy pretende presentar esta tragedia como un fenómeno reciente está mintiendo por omisión.

Morelos tiene memoria. Y esa memoria recuerda Totolapan, donde el crimen ha intentado convertir a la población en su base social. Recuerda Amacuzac, donde la infiltración criminal en el gobierno municipal fue documentada y tolerada durante años, donde tuvieron un "alcalde" que gobernó desde una cárcel federal, donde hace poco hubo detenciones y hay fuego cruzado entre sus propios integrantes. Recuerda otros municipios donde la frontera entre autoridad y criminalidad se volvió difusa mientras las instituciones —estatales y federales— miraban hacia otro lado. La violencia política en Morelos es un proceso acumulado, no un episodio aislado.

Por eso resulta tan peligroso que algunos actores intenten reducir el asesinato de Sandra Rosa a un argumento electoral. No solo es una falta de respeto para su memoria y para su familia: es una forma de ocultar la responsabilidad histórica de quienes, durante años, dejaron crecer esta violencia sin intervenir. Hoy, quienes guardaron silencio cuando Temoac se deterioraba, cuando los liderazgos comunitarios eran amenazados, cuando el crimen se incrustaba en la administración municipal, son los mismos que levantan la voz para exigir explicaciones inmediatas. La ironía es evidente.

La gobernadora tiene razón en señalar el oportunismo. Pero también tiene un reto enorme: evitar que ese señalamiento se convierta en un muro que impida ver la complejidad del problema. Porque la discusión no puede quedarse en quién usa políticamente la tragedia, sino en cómo se reconstruye un municipio donde la autoridad perdió terreno frente al crimen desde hace mucho tiempo. Por eso ayer mismo hizo un llamado a la Fiscalía para que apure la investigación.

Sandra Rosa no puede convertirse en un trofeo político. Su asesinato debe ser un punto de inflexión. No para repartir culpas según conveniencia, sino para reconocer que la violencia política en Morelos es estructural, que se incubó durante años y que solo podrá enfrentarse con instituciones fuertes, coordinación real y un compromiso que vaya más allá de los ciclos electorales.

Las víctimas no necesitan discursos. Necesitan verdad, justicia y un Estado que no llegue tarde.