Las Batallas
En ningún lugar donde Estados Unidos ha intervenido las cosas mejoraron para la población. Ni en Irak, ni en Afganistán, ni en Panamá, ni en Haití, ni en Chile, ni en Guatemala, ni en República Dominicana. La lista es larga y la evidencia histórica es contundente: la intervención estadounidense nunca ha tenido como objetivo el bienestar de los pueblos, sino la protección de sus intereses estratégicos, económicos o electorales.
Por eso resulta tan pobre —tan bizantino— el debate que hoy se reproduce en México entre dos bandos que se gritan sin escucharse.
Hay quienes sostienen que la justicia estadounidense debería venir por todos los políticos y criminales que han hundido al país en una violencia inaudita. Que solo un sistema judicial externo, fuerte y sin compromisos internos, podría romper las redes de corrupción y crimen organizado que operan en México.
Es una postura desesperada, comprensible desde el hartazgo, pero profundamente ingenua. Estados Unidos no busca justicia para México. Busca control, ventaja diplomática y réditos electorales.
Y en este momento, el régimen de Donald Trump necesita exhibir fuerza. Necesita mostrarse como el sheriff hemisférico que “pone en orden” a los vecinos incómodos. Necesita enviar el mensaje de que puede detener migrantes, contener cárteles y disciplinar gobiernos.
No es justicia. Es propaganda.
Del otro lado están quienes aseguran que permitir cualquier intervención estadounidense sería una violación intolerable a la soberanía nacional. Que ningún país debe juzgar a ciudadanos mexicanos. Que todo debe resolverse “en casa”.
En abstracto, suena bien. Pero en la práctica, esta postura también está capturada por intereses políticos.
Porque quienes hoy enarbolan la soberanía no lo hacen para defender a México, sino para proteger a sus propios cuadros, a sus operadores, a sus alianzas, a sus redes. Temen que una investigación externa exhiba lo que internamente se ha ocultado: los vínculos entre políticos y crimen organizado, los pactos locales, las complicidades municipales, las redes de financiamiento ilícito.
No es soberanía. Es autopreservación.
Ambas posturas —la que pide intervención y la que la rechaza— están impulsadas por grupos de poder, no por ciudadanos. Y ambas están contaminadas por intereses externos.
Por eso el debate es bizantino: porque ninguna de las dos posturas es verdadera. Ambas esconden metas que nada tienen que ver con la seguridad, la justicia o la paz.
La discusión sobre si Estados Unidos debe intervenir o no es una distracción. El verdadero problema es que México no ha logrado construir instituciones capaces de investigar, juzgar y castigar a sus propios criminales y a sus propios políticos corruptos.
Si México tuviera:
entonces nadie estaría pidiendo intervención extranjera. Y nadie tendría que defender la soberanía como si fuera un escudo.
La soberanía se defiende con instituciones, no con discursos.
El debate actual no es sobre justicia. No es sobre soberanía. No es sobre México.
Es sobre poder.
Y en medio de todo eso, la población queda atrapada en un falso dilema que no resuelve nada.
La pregunta no es si Estados Unidos debe intervenir o no. La pregunta es por qué México sigue sin poder hacer justicia por sí mismo.
Hasta que no respondamos eso, seguiremos discutiendo en círculos, como en los viejos debates bizantinos: mucho ruido, mucha pasión, ninguna solución.