Simulación compartida

Hay temas fundamentales del país y del mundo que navegan en medio de la simulación. Destacadamente, el narcotráfico y el infierno que se le asocia: la violencia y las adicciones. El fentanilo representó una escalada tanto por la agresividad de la droga como por la facilidad de producirla y transportarla.

Desde el punto de vista del consumidor, el mayor logro no ha estado en el ámbito de la seguridad, sino de la medicina. En EU, sin necesidad de receta y con una aplicación nasal simple, se utiliza la naloxona, producto antes controlado, que en 2023 la Food and Drug Administration (FDA) resolvió liberar y con ello contener una crisis mayor por sobredosis. De acuerdo con el Centro de Estadísticas de Salud norteamericano (CDC), en 2022 hubo 107,000 muertes por sobredosis.

En 2023, por primera vez desde 2018, la cifra bajó 3%. El verdadero cambio ocurrió en 2024: los decesos por sobredosis bajaron 26.2%, de 31.3 a 23.1 por cada 100,000 habitantes, para un total de 79,384 muertes. Fue la mayor reducción anual registrada hasta entonces. La tendencia continuó en 2025. El CDC estima que las muertes por opioides descendieron de 55,296 en 2024 a 44,564 en 2025. Es decir, una reducción adicional cercana a 19%.

El componente relacionado con fentanilo es especialmente importante: entre 2023 y 2024, las muertes por opioides sintéticos distintos de la metadona, categoría que incluye principalmente el fentanilo ilícito, bajaron de 72,776 a 47,735, una caída de 35.6%. El CDC señala que la disminución de las muertes responde a varios factores simultáneos, entre ellos, mayor distribución de naloxona; mayor acceso a tratamientos para los trastornos por consumo de opioides; cambios en el suministro ilegal de drogas; mejores programas de prevención y respuesta, así como la recuperación de servicios que habían sido afectados durante la pandemia.

Los datos son reveladores porque la acción punitiva no tiene relevancia explícita en el ataque a las adicciones. Desde luego que en algo impacta, sobre todo el mercado, la disponibilidad y los precios, pero los mejores resultados se asocian a la política pública en materia de salud. La narrativa del gobierno norteamericano se centra en el narcotráfico y en la acusación -merecida- sobre la ineficaz o complaciente respuesta frente al crimen por connivencia entre autoridades y criminales.

México tiene un serio problema de adicciones. A diferencia de EU, las autoridades no se dan por aludidas, es más, ni siquiera se cuenta con información institucional suficiente para un elemental diagnóstico sobre el consumo de fentanilo y otras drogas sintéticas. Las campañas publicitarias son claramente insuficientes.

Por razones políticas, con efectos muy lamentables, desde la misma presidencia el obradorismo ha señalado que en México no hay consumo de opiáceos y otras drogas como el cristal. Mentira de graves consecuencias. Habrá de recordarse la resistencia de las autoridades para realizar la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT).

La última presentación fue a principios de este gobierno, después de la encuesta de 2011. En 2025 hubo una actualización, pero los expertos afirman que para conocer la magnitud real de la crisis de fentanilo en México, la ENCODAT debe complementarse con otras fuentes: mortalidad, urgencias hospitalarias, centros de tratamiento, sistemas de vigilancia epidemiológica y decomisos.

En realidad, no existe información confiable y suficiente; por lo mismo, el diagnóstico es incapaz de ofrecer claridad sobre qué debe hacerse, al tiempo que el país ha ingresado a una de las etapas más oscuras por la violencia asociada al crimen organizado vinculado al narcotráfico, diversificado en actividades lucrativas como el contrabando y robo de combustible, así como la extorsión que disputan al Estado el monopolio de la violencia y las funciones de recaudación en términos impensables, caso del valor del contrabando de energéticos o el robo de crudo.

El país y el mundo comparten la visión punitiva para resolver el problema de las drogas y su comercio ilegal. Sin duda, la lucha debe emprenderse porque en sí misma la violencia representa una amenaza básica a la convivencia y la paz social, además del perjuicio que ocasiona a la vida pública y a la economía, pero es urgente que en México se emprenda una acción más comprometida con la solución, que conlleva una política de salud pública, empezando con información y monitoreo confiables en materia de adicciones. Es decir, romper con la simulación obradorista del tema de que aquí somos inmunes al horror de las adicciones.