La protección del derecho a la protesta como garantía democrática

En toda democracia viva, las calles también hablan.

Las marchas, concentraciones y protestas sociales forman parte esencial de la vida pública de una sociedad plural. A través de ellas, la ciudadanía expresa demandas, denuncia injusticias y exige transformaciones. Lejos de ser una amenaza para las instituciones, la protesta social es una de las expresiones más legítimas de la participación democrática.

En México, este derecho está protegido por libertades fundamentales como la libertad de expresión, el derecho de reunión pacífica y la participación en los asuntos públicos. Por ello, particularmente en contextos de movilización social, como ocurre cada año durante el Día Internacional de la Mujer, resulta indispensable que las instituciones actúen con responsabilidad, sensibilidad democrática y pleno respeto a los derechos humanos.

La movilización del pasado 8 de marzo de 2026 se consolidó como uno de los momentos de participación ciudadana más significativos en la historia reciente de Morelos. Miles de mujeres marcharon con nombres, memoria y exigencias que interpelan directamente la función de nuestras instituciones.

La debida diligencia como eje de prevención

Desde la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, el abordaje de esta jornada se fundamentó en el principio de debida diligencia.

El 4 de marzo, este organismo activó por primera vez en su historia el Protocolo de Actuación para el Acompañamiento en Protestas Sociales. No llegamos el día de la marcha de forma reactiva. Llegamos preparadas, bajo un esquema de prevención institucional estratégica, con el objetivo de garantizar que las manifestaciones se desarrollaran en un entorno de respeto, observación institucional y protección de derechos.

Esta labor incluyó la remisión de oficios formales a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estatal, a la Fiscalía General y a autoridades municipales, vinculando su actuación a los estándares contenidos en el documento “La protección del derecho a la protesta: Estándares internacionales de derechos humanos”, elaborado conjuntamente por la Secretaría de Gobernación y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

La Comisión reafirma que estos protocolos, alineados con estándares internacionales, no responden a una coyuntura específica. Constituyen una política institucional permanente. La protección de la libre manifestación es una obligación que el Estado debe observar en cada jornada de protesta, sin importar la causa o el actor social que la encabece.

Acompañar no significa intervenir, la CDHM en territorio

El papel de los organismos públicos de derechos humanos durante las movilizaciones es distinto al de las autoridades de seguridad o de gobierno. Nuestra tarea es observar, documentar y generar condiciones institucionales que ayuden a prevenir vulneraciones a los derechos de todas las personas.

El activo más significativo de la jornada del 8M, y quizá el menos visible para la opinión pública, fue la operatividad territorial de este organismo.

La ausencia de represión no fue una concesión fortuita. Fue el resultado del despliegue del personal de la Comisión bajo su protocolo de actuación.

Hablamos de personas que estuvieron en campo durante una jornada de alta tensión con una responsabilidad compleja: documentar sin intervenir, proteger sin intimidar y estar presentes sin protagonismo.

Su trabajo no aparece en las fotografías de la marcha, aparece en lo que no ocurrió. No hubo represión, ni detenciones arbitrarias y tampoco uso desproporcionado de la fuerza.

Ese resultado no es producto del azar. Se construye con formación especializada, con marcos normativos claros y con la convicción de que los derechos humanos también se defienden mediante presencia institucional en el territorio.

La implementación de este instrumento técnico permitió transformar principios jurídicos en una garantía tangible para quienes ejercieron su derecho a manifestarse. Bajo este protocolo se establecieron criterios de actuación basados en la imparcialidad, el respeto a la autonomía de las movilizaciones, la comunicación institucional clara y la documentación responsable de los hechos.

Nuestra presencia en el espacio público no es simbólica. Es una herramienta de vigilancia institucional diseñada para que la dignidad humana sea respetada en cada etapa de la movilización.

De la reacción a la garantía estructural

Bajo los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la protesta social no es un problema que deba contenerse. Es una herramienta esencial para la democracia y un mecanismo que fortalece la transparencia pública.

Por ello, la Agenda de Derechos Humanos 2025–2027 de esta Comisión establece compromisos verificables para garantizar los derechos de las mujeres en nuestro estado. No se trata de una respuesta coyuntural, sino de una política institucional de largo plazo.

Lo que miles de mujeres escribieron con su presencia en las calles el pasado 8 de marzo es, precisamente, lo que este Organismo tiene la obligación constitucional de sostener cuando las consignas dejen de resonar y la atención pública se desplace hacia otros temas.

La experiencia demuestra que la observación de derechos humanos en contextos de protesta contribuye a reducir tensiones y a fortalecer la confianza pública en las instituciones.

Las protestas sociales suelen surgir de contextos de dolor, indignación o exigencia de justicia. Frente a ello, las instituciones debemos responder con responsabilidad democrática y con un enfoque centrado en las personas.

El acompañamiento institucional desde los derechos humanos no busca regular la protesta ni limitarla. Su propósito es proteger las libertades y garantizar que ninguna autoridad actúe fuera del marco constitucional.

La protección de la dignidad humana y el acompañamiento a la población encuentran su mayor eficacia en la constancia institucional. Nuestra labor se consolida como un ejercicio técnico, permanente y profesional que mantiene su vigencia más allá de la atención pública inmediata; es un compromiso de garantía con la sociedad morelense que se ejerce con rigor en cada etapa del proceso. 

En una sociedad democrática, el Estado no debe temer a la protesta, debe garantizarla.

Porque cuando las instituciones acompañan desde los derechos humanos, no sólo se protege a quienes se manifiestan. También se fortalece la democracia.

“La ausencia de represión no fue una casualidad. Fue el resultado de una políticadeliberada de observación y protección de derechos humanos.”

• Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos.