Las Batallas
Durante muchos años, hablar de diversidad en México parecía limitarse únicamente a reconocer la riqueza de los pueblos indígenas. Sin embargo, existe otra historia que también forma parte de nuestra identidad nacional y que por décadas permaneció invisibilizada: la de las comunidades afrodescendientes.
Hoy, ese reconocimiento ya no puede postergarse. Las personas afrodescendientes forman parte viva de nuestra historia, nuestra cultura y nuestro presente. No obstante, continúan enfrentando barreras estructurales relacionadas con la discriminación, la exclusión social y la falta de acceso pleno a derechos fundamentales.
Esta semana tuve la oportunidad de participar ante el Grupo de Trabajo de Expertos sobre Afrodescendientes de la Organización de las Naciones Unidas, un mecanismo internacional creado precisamente para escuchar, documentar y acompañar los esfuerzos de los Estados frente a las desigualdades históricas que enfrentan estas poblaciones.
Vale la pena explicar por qué surge este grupo de trabajo y por qué su existencia resulta relevante incluso para quienes piensan que estos temas son lejanos a nuestra realidad cotidiana.
El Grupo de Trabajo fue establecido por la ONU en 2002 como una respuesta internacional ante el racismo estructural, la discriminación racial y las profundas desigualdades que siguen afectando a millones de personas afrodescendientes en el mundo. Su objetivo no es solamente elaborar diagnósticos, sino impulsar acciones concretas para garantizar igualdad, reconocimiento y acceso efectivo a derechos.
En otras palabras, se trata de un espacio internacional que busca recordar algo fundamental: ninguna democracia puede consolidarse plenamente mientras existan personas cuya dignidad siga siendo condicionada por el color de piel, el origen étnico o los prejuicios históricos.
Desde Morelos, compartimos ante este mecanismo algunos de los desafíos que aún persisten. Entre ellos, la discriminación cotidiana, el perfilamiento racial, la invisibilización estadística y las limitaciones en el acceso a derechos como la educación, la salud, el empleo y la justicia.
También hablamos de algo que frecuentemente pasa desapercibido: la ausencia de datos y diagnósticos específicos sobre población afrodescendiente. Lo que no se nombra difícilmente se atiende. Y aquello que no se mide termina quedando fuera de las políticas públicas.
En México hemos avanzado. El reconocimiento constitucional de los pueblos y comunidades afromexicanas representó un paso importante para saldar una deuda histórica. Pero reconocer en el papel nunca será suficiente si no se traduce en acciones institucionales reales, presupuestos, políticas públicas y mecanismos efectivos de protección.
Las instituciones de derechos humanos tenemos una responsabilidad clara: acompañar a las comunidades, visibilizar las desigualdades y promover una cultura institucional basada en la igualdad y la no discriminación.
Pero esta tarea no corresponde únicamente a las instituciones. También implica una reflexión colectiva sobre los prejuicios que siguen presentes en nuestra vida diaria, en el lenguaje, en los espacios laborales, en las escuelas e incluso en la manera en que entendemos quiénes forman parte de nuestra identidad nacional.
Hablar de afrodescendencia no es hablar de minorías invisibles o de agendas lejanas. Es hablar de derechos humanos, igualdad y dignidad. Es reconocer que la diversidad cultural no debilita a las sociedades; las fortalece.
La construcción de un país más justo comienza precisamente ahí: en la capacidad de escuchar historias que durante mucho tiempo fueron ignoradas y convertir ese reconocimiento en acciones concretas.
Porque cuando una sociedad aprende a reconocer plenamente todas sus identidades, también aprende a defender mejor los derechos de todas las personas.
“En Morelos, todos los derechos para todas las personas”