Propone Sheinbaum Comisión para frenar posibles narcocandidatos en 2027

CIUDAD DE MÉXICO, 21 de mayo de 2026.- De cara a las elecciones de 2027, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó este jueves una iniciativa que ya estaba incluida  en el Plan A de la reforma electoral para verificar y evitar que existan candidaturas con posibles vínculos con la delincuencia.

En la Mañanera del Pueblo, la mandataria federal resaltó que esta propuesta se había hecho en el rechazado Plan A, por lo que se presenta nuevamente por la relevancia que tendrá en la elección de 2027.

La Consejera Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, explicó la iniciativa que tendrá como eje el “riesgo razonable” de las candidaturas a través de esta Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas dependiente del INE.

“Esta comisión será integrada por cinco consejeros electorales, elegidos y votados por un periodo de tres años por el Consejo General", refirió en Palacio Nacional.

La comisión será un vínculo entre los partidos políticos que voluntariamente decidan participar y las autoridades de seguridad, inteligencia y procuración de justicia para recibir y consultar los nombres de los aspirantes a candidaturas con el CNI, la Fiscalía General de la República, la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre la existencia de información para establecer un posible "riesgo razonable" de vínculos con la delincuencia organizada.

¿Cómo funcionaría?

1. Los partidos políticos entregan voluntariamente a la comisión la lista de aspirantes a ser candidatos.
2. La comisión consulta con las diferentes dependencias: con la UIF, con la CNBV, con el CNI y con la Fiscalía General de la República.
3. Estas autoridades hacen un análisis y determinan que no existe riesgo o que existe un riesgo razonable.
4. Esta información las instituciones la entregan a la comisión sin señalar el asunto del que se derive el riesgo; únicamente estableciendo si existe o no un riesgo razonable.
5. La comisión informa a los partidos políticos si existe o no riesgo razonable, señalando las instancias o dependencias que advierten ese riesgo.
6. Con base en esa información, los partidos políticos serán responsables de determinar si registran o no dicha candidatura.
7. De encontrar información relevante, las instituciones, de acuerdo a sus atribuciones, continuarán con las investigaciones correspondientes.