Tiempos Modernos: Plan B, menos cargos, más control

El llamado Plan B de la reforma electoral, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum y aprobado en estos días, no es un ajuste técnico ni una poda administrativa. Es un rediseño profundo del poder local. Y como todo rediseño, tiene un discurso oficial —austeridad, eficiencia, orden— y un efecto real: reconfigurar quién decide, quién pesa y quién desaparece del tablero político en estados y municipios.

La reducción de regidurías es el ejemplo más visible. Un máximo de 15 regidores por ayuntamiento suena razonable en términos de gasto, pero implica algo más: menos voces, menos representación y menos espacios para la pluralidad local. En municipios donde los cabildos eran amplios, la reforma no solo recorta nómina: recorta presencia política. Y en un país donde la política municipal es la primera línea de contacto con la ciudadanía, eso no es menor.

El tope del 0.70% al presupuesto de los congresos locales también se presenta como una medida de disciplina financiera. Pero en la práctica, obliga a recortes que pueden afectar no solo salarios, sino capacidad técnica, investigación legislativa y contrapesos internos. Un congreso con menos recursos es un congreso más dependiente del Ejecutivo estatal, y eso siempre tiene consecuencias. Mientras que en Morelos, en concreto, representa que las personas pensionadas simplemente pueden dejar de cobrar, pues no habrá dinero para pagarles con el recorte.

El ajuste salarial a los órganos y tribunales electorales estatales sigue la misma lógica: nadie puede ganar más que la presidenta. El mensaje es claro: austeridad vertical. Pero el efecto es otro: homogeneizar estructuras que, por diseño, debían ser autónomas. Reducir salarios puede parecer simbólico, pero también puede dificultar atraer perfiles especializados o mantener independencia operativa.

La paridad sustantiva es quizá el punto menos polémico: garantiza que los congresos locales no solo tengan mujeres, sino que las tengan en condiciones reales de ejercicio. Es un avance normativo que responde a una demanda histórica. Pero incluso aquí, la reforma convive con un entorno donde la reducción de espacios puede generar nuevas tensiones internas.

La revocación de mandato estatal con un umbral del 3% de la lista nominal abre un mecanismo ciudadano que antes era prácticamente inaccesible. Pero también introduce un elemento de presión política permanente sobre los gobiernos estatales. Un instrumento pensado para la rendición de cuentas puede convertirse en arma de desgaste, dependiendo de quién lo active y con qué fines.

Y la prohibición de reelección inmediata para diputados locales cierra un ciclo que apenas comenzaba. La continuidad legislativa, que buscaba profesionalizar el trabajo parlamentario, se cancela. El mensaje es que la rotación es preferible a la experiencia. Pero en la práctica, esto devuelve a los congresos a una lógica de aprendizaje constante y dependencia de operadores externos.

En conjunto, la reforma no solo reduce costos: reordena el ecosistema político local. Menos cargos, menos presupuesto, menos continuidad, menos autonomía salarial. Más límites, más centralización normativa, más control desde arriba.

La pregunta no es si estas medidas ahorrarán dinero —lo harán—, sino qué tipo de gobiernos locales producirán. Gobiernos más ligeros, sí. Pero también gobiernos con menos contrapesos internos, menos diversidad política y menos capacidad técnica.

La austeridad puede ser una virtud. La concentración de poder, no necesariamente.

Y en este nuevo mapa, la pregunta que queda flotando es inevitable: ¿quién gana realmente con este rediseño del poder local?