Tiempos Modernos: Morelos, gobernabilidad y gobernanza ¿en riesgo?

Durante su primer año, Margarita González Saravia gobernó con una ventaja que pocos mandatarios tienen: conocía el territorio. Conocía a la gente, a los liderazgos, a los sindicatos, a los alcaldes, a los grupos comunitarios. No llegó a aprender Morelos; llegó sabiendo Morelos. Esa familiaridad le permitió construir una comunicación política fluida, casi natural, con actores que suelen ser difíciles de articular.

Pero después de su primer informe, algo cambió. No sé si se acabó la luna de miel entre la gobernadora y la ciudadanía. No sé si el tema es la agenda electoral que ya se siente en el aire —en septiembre inicia el proceso que culminará en junio de 2026—. No sé si el equipo de gobierno mostró sus límites reales. Lo que sí sé es que la gobernanza comenzó a resquebrajarse, y cuando la gobernanza se fractura, la gobernabilidad empieza a tensarse.

Gobernabilidad y gobernanza: el marco para entender el momento

La gobernabilidad es la capacidad del gobierno para mantener estabilidad, tomar decisiones y ejecutarlas sin que el Estado entre en crisis. Es el piso mínimo del orden político.

La gobernanza es distinta: es la forma en que el gobierno construye decisiones con otros actores, cómo dialoga, cómo acuerda, cómo incorpora a sindicatos, municipios, partidos, colectivos y ciudadanía. Es el arte de gobernar con otros, no solo sobre otros.

Cuando la gobernanza falla, la gobernabilidad se vuelve frágil. Y eso es parece que es lo que está ocurriendo en Morelos. Al menos parece.

El Instituto de Pensiones: la reforma que nació manoseada

El caso del Instituto de Pensiones es el ejemplo más claro de cómo una reforma urgente puede convertirse en un problema político antes de existir. La sostenibilidad del sistema es un asunto serio: pensiones doradas, retiros tempranos, pasivos laborales que ahogan presupuestos municipales y estatales. La urgencia es indiscutible.

Pero la discusión pública nació contaminada. Filtraciones, borradores apócrifos, documentos contradictorios. El gobierno insiste en que nada es definitivo, que todo está en construcción, que los derechos adquiridos serán respetados. Puede ser cierto. Puede no serlo. Pero a estas alturas, la veracidad de cada borrador importa menos que el efecto acumulado de todos ellos.

La iniciativa —tan importante como urgente— llegó a la conversación pública manoseada. Y cuando una reforma nace en medio del ruido, la gobernanza se evapora. Lo que queda es desconfianza, enojo, sospecha. Lo que se discute ya no es el contenido, sino la intención. Y cuando la intención se vuelve el tema central, la gobernabilidad se vuelve frágil.

El riesgo es evidente: no importa lo que se presente, la discusión estará marcada por el ruido previo. Y eso convierte cualquier reforma en un campo minado.

El transporte: una decisión sin narrativa

El incremento al transporte público siguió la misma ruta. Un tema que exige diálogo profundo terminó convertido en un anuncio áspero, sin pedagogía social, sin una explicación convincente de por qué era necesario y cómo se compensaría a los usuarios. Ha habido intentos de comunicar los subsidios y demás, la respuesta ha sido buena de un sector, pero no ha mejorado el posicionamiento del gobierno. La gobernabilidad se sostuvo, pero la gobernanza se debilitó.

El territorio que la gobernadora conocía dejó de ser un aliado automático. La comunicación que antes fluía comenzó a trabarse. Los liderazgos que antes acompañaban comenzaron a resistir. La luna de miel, si existió, terminó.

La inseguridad: el telón de fondo que no se mueve

La inseguridad pública atraviesa todo. Aquí la gobernabilidad se mide en términos duros: homicidios, desapariciones, extorsiones. La gobernanza, en cambio, se mide en la capacidad de articular esfuerzos con municipios, fiscalía, federación y sociedad civil. Y ha mejorado, hay mayor coordinación, un 100 por ciento más que en el gobierno pasado, sin embargo, los hechos más brutales de violencia están afectado los verdaderos resultados.

Lo que se observa es una brecha dolorosa entre la estrategia institucional y la experiencia cotidiana de la gente. Esa brecha es, en sí misma, una crisis de gobernanza. La gobernadora conoce el territorio, pero el territorio también tiene memoria. Y la memoria de la violencia es larga, persistente, difícil de revertir con comunicación política.

El desgaste acumulado

El hilo que une estos temas no es la coyuntura. Es la forma en que el gobierno ha transitado de un primer año de comunicación fluida a un segundo año de tensiones simultáneas. La gobernadora conoce el territorio, pero el territorio dejó de responder como antes. Los actores que antes cooperaban comenzaron a sospechar. Los que antes acompañaban comenzaron a reclamar espacios. Los que antes confiaban comenzaron a exigir garantías.

Tal vez la gobernanza nunca estuvo plenamente consolidada y solo parecía estarlo. Tal vez el equipo de gobierno mostró sus límites en la gestión de conflictos simultáneos. Tal vez la agenda electoral endureció las posiciones. Sea cual sea la explicación, el resultado es claro: Morelos está entrando en una fase donde la gobernabilidad depende cada vez más de decisiones puntuales, y la gobernanza depende cada vez más de reconstruir confianzas.

Conclusión: gobernar ya no basta

El riesgo es que el gobierno intente sostener la gobernabilidad sin reparar la gobernanza. Eso funciona por un tiempo, pero no por mucho. La oportunidad, en cambio, está en reconocer que el estado necesita acuerdos nuevos, procesos nuevos, interlocutores nuevos. Y que la gobernadora, que conoce el territorio como pocos, puede reconstruir esos puentes si decide hacerlo antes de que la agenda electoral termine por cerrar todas las puertas.

Morelos está en un momento donde gobernar ya no es suficiente. Hay que gobernar con otros. Y ese “con” es lo que hoy está en disputa.