Tiempos Modernos: Informe de Desapariciones de la ONU

La reacción del gobierno de México al informe del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas fue inmediata: rechazo, molestia, descalificación. Pero el repudio parte de una lectura incompleta. El documento no acusa al gobierno de Claudia Sheinbaum de cometer desapariciones ni de sostener una política deliberada para permitirlas. De hecho, el propio Comité lo aclara: no encontró evidencia de una política federal para cometer desapariciones forzadas, ni por acción ni por omisión deliberada.

Lo que sí encontró —y lo dice con claridad— es algo más profundo y más doloroso: un patrón histórico, acumulado durante más de una década, en el que múltiples gobiernos, instituciones y niveles del Estado han sido incapaces de frenar una tragedia que sigue creciendo. El informe no es un juicio político; es un diagnóstico estructural.

El Comité señala que en México se han cometido desapariciones forzadas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, no porque exista una orden desde el gobierno federal, sino porque hay ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil, cometidos por actores estatales y también por organizaciones criminales que actúan con capacidad de control territorial. Y subraya algo que suele olvidarse: el derecho internacional reconoce que una organización no estatal también puede cometer desapariciones forzadas cuando actúa de manera sistemática contra civiles.

Por eso es impreciso afirmar que el informe “criminaliza” al gobierno actual. Lo que hace es documentar una crisis que supera administraciones, partidos y sexenios. Una crisis que se arrastra desde 2012, que se agravó con la llamada “guerra contra las drogas”, y que hoy sigue desbordando a las instituciones.

El Comité también deja claro que su decisión no busca sancionar a México, sino movilizar apoyo internacional: asistencia técnica, recursos forenses, mecanismos de búsqueda, protección a familias y defensores. No es un castigo: es un llamado urgente a reforzar capacidades que el Estado mexicano —en todos sus niveles— no ha logrado consolidar.

El problema, entonces, no es la ONU. El problema es que más de 4,500 fosas clandestinas, más de 6,200 cuerpos recuperados, miles de restos sin identificar y decenas de miles de personas desaparecidas siguen siendo una realidad cotidiana. Una realidad que no admite disputas políticas ni lecturas defensivas.

Las víctimas y sus familias no están esperando comunicados. Están esperando verdad, búsqueda, identificación, justicia y garantías de no repetición. Están esperando que el Estado deje de fragmentarse entre niveles de gobierno y empiece a actuar como un solo cuerpo. Están esperando que la discusión deje de girar en torno a quién se siente aludido y se centre, por fin, en quienes llevan años buscando a sus seres queridos.

El informe de la ONU no es un ataque. Es un espejo. Y lo que refleja no es a un gobierno, sino a un país entero que no ha logrado enfrentar una de sus tragedias más profundas.

La pregunta no es si el gobierno actual está de acuerdo con el diagnóstico. La pregunta es si las víctimas seguirán esperando mientras las instituciones discuten entre sí.