Tiempos Modernos: Claudia, primer paso para obtener justicia
Los malos manejos de recursos públicos en Morelos durante la administración de Cuauhtémoc Blanco no solo fueron graves: siguen creciendo. Nuevas auditorías federales revelan que el monto del presunto desfalco ya supera los 8 mil 641 millones de pesos, una cifra que coloca al estado en una de las peores crisis de integridad financiera de su historia reciente.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha documentado 185 irregularidades graves en el manejo de fondos federales entre 2019 y 2024. Pero, pese a la magnitud del daño, la ASF no ha presentado denuncias ante la Fiscalía General de la República. La impunidad avanza al mismo ritmo que las cifras del desfalco.
El exgobernador y hoy diputado federal fue incluso encarado por manifestantes el pasado 5 de julio. La escena es simbólica: la ciudadanía sí se mueve; las instituciones no.
En julio de 2024, el monto observado era de 3 mil 998 millones de pesos. Para octubre de 2025, ya ascendía a 5 mil 738 millones. Hoy rebasa los 8 mil 600 millones. La tendencia es clara: cada auditoría revela más daño, más opacidad, más desorden.
El gobierno estatal ha logrado aclarar mil 775 millones, pero el monto presuntamente desviado crece más rápido que las aclaraciones. La administración de Blanco dejó un agujero que no se cierra; al contrario, se profundiza.
Los informes de la ASF muestran un patrón: no hubo área que se salvara.
El saqueo fue transversal: salud, seguridad, educación, infraestructura. No se trató de errores administrativos; se trató de un modelo de desorden sistemático.
En 2019, el primer año de Blanco, el monto observado ya superaba los mil millones de pesos. Ocho irregularidades graves se detectaron en recursos para seguridad pública. Tres más en infraestructura social. Tres en el Programa Nacional de Inglés. El patrón estaba ahí desde el inicio.
Lo más grave no es solo el monto. Es el tiempo. Muchas de estas irregularidades tienen más de cinco años. Y aun así, la ASF no ha presentado denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
La impunidad no es un accidente: es una decisión institucional. Y esa decisión tiene consecuencias políticas, financieras y sociales.
La pregunta es inevitable: ¿cómo se explica que un desfalco de más de 8 mil millones de pesos no haya generado ni una sola acción penal?
El gobierno actual enfrenta una herencia tóxica. El desorden financiero limita la capacidad de inversión, presiona presupuestos municipales, afecta programas sociales y deteriora la confianza pública. La administración de Blanco no solo dejó números rojos: dejó instituciones debilitadas, procesos rotos, estructuras contaminadas.
La gobernadora Margarita González Saravia debe lidiar con un pasado que no termina de cerrarse. Y mientras la ASF no actúe, ese pasado seguirá filtrándose hacia el presente.
Morelos vive una paradoja: el desfalco crece, pero la justicia no se mueve. La administración de Cuauhtémoc Blanco dejó un daño multimillonario que hoy supera los 8 mil 600 millones de pesos, pero ninguna autoridad federal ha iniciado un proceso penal.
La impunidad no es solo un vacío. Es un mensaje. Y ese mensaje dice que en México se puede desviar, malgastar o desaparecer miles de millones de pesos… sin consecuencias. La historia del saqueo en Morelos no está cerrada. Pero la historia de la impunidad, por ahora, sigue intacta.




