Las Batallas
El periodo ordinario de sesiones arranca con un país atravesado por un fenómeno que ya nadie puede negar: la inseguridad es un proceso nacional, no un fracaso exclusivo del Ejecutivo ni una bandera que pueda cargarse en solitario desde Morelos. Es un problema estructural que exige corresponsabilidad, coordinación y política pública sostenida. Y, sin embargo, en vísperas del proceso electoral de junio, cada partido acomoda su agenda para posicionarse, diferenciarse o sobrevivir.
El Congreso entra a su tercer año legislativo con dos pulsos simultáneos: lo que debe resolver y lo que cada fuerza quiere capitalizar.
El PRI abre el periodo con una postura quirúrgica: no aprobar a ciegas la reforma a pensiones. No es confrontación con el Ejecutivo; es una defensa técnica y política:
En un país donde la informalidad supera el 55%, hablar de pensiones sin diagnóstico es irresponsable. El PRI busca colocarse como garante de certidumbre, no como obstáculo.
Desafío pendiente: que la discusión no se convierta en un pleito electoral, sino en una revisión seria del sistema de retiro.
Aquí no hay matices: todos los partidos reconocen que la inseguridad es un fenómeno nacional, multicausal y acumulado por décadas. Nadie responsabiliza solo al Ejecutivo; todos admiten que la crisis exige corresponsabilidad.
Pero cada fuerza lo aborda desde un ángulo distinto:
La coincidencia es clara: la seguridad no es un arma electoral; es una responsabilidad compartida.
Desafío pendiente: convertir esta coincidencia en una agenda legislativa común, con indicadores verificables y presupuesto suficiente.
Movimiento Ciudadano coloca el dedo en la llaga: la violencia feminicida. No es un tema accesorio; es una crisis nacional que exige:
MC no acusa al Ejecutivo; exige al Estado completo. Y obliga a los demás partidos a pronunciarse.
Desafío pendiente: que el tema no quede atrapado en la coyuntura electoral.
El PT plantea algo que suele quedar fuera del debate: dignificar policías. Hablar de seguridad sin hablar de policías es hablar a medias.
El PT propone:
No es una crítica al Ejecutivo; es una crítica al abandono histórico de las corporaciones.
Desafío pendiente: que la dignificación no se convierta en discurso, sino en política pública con presupuesto.
Nueva Alianza hace lo que sabe hacer: priorizar educación. En un estado con crisis universitaria, rezagos en infraestructura y docentes precarizados, la agenda educativa es más que sectorial: es estructural.
Hablar de presupuesto 2027 desde ahora es una señal: la disputa por el futuro ya empezó.
Desafío pendiente: que la educación sea un eje transversal, no una bandera partidista.
Aunque PAN y Morena difieren en tono, coinciden en lo esencial:
Ambos reconocen que el fenómeno es nacional, complejo y multicausal. No hay acusaciones directas al Ejecutivo; hay reconocimiento de que el problema exige coordinación.
Desafío pendiente: evitar que la seguridad se convierta en un campo de batalla electoral.
El llamado al diálogo en el tercer año legislativo es más que cortesía: es una advertencia. El Congreso necesita acuerdos mínimos para evitar que el periodo se convierta en parálisis preelectoral.
El diálogo será útil si permite:
El periodo ordinario de sesiones será, en realidad, el preámbulo del proceso electoral de junio. Pero la inseguridad, las pensiones, la educación y la violencia feminicida no pueden esperar a la campaña.
La agenda legislativa muestra tres certezas:
El Congreso entra a su tercer año con una responsabilidad doble: legislar sin dejarse arrastrar por la campaña y hacer campaña sin abandonar la agenda del país.
Morelos —y México— no pueden darse el lujo de que la política electoral eclipse la política pública.




