Dispersarán directamente bono a trabajadores del Ejecutivo
Cuernavaca, Mor., 15 de octubre de 2026.- El Gobierno de Morelos colocó el componente político en el centro del conflicto con el Sindicato de Trabajadores del Poder Ejecutivo, al advertir que las demandas laborales no deben utilizarse con fines políticos ni afectar los servicios públicos, luego del cierre de accesos a Palacio de Gobierno el 13 de octubre.
Jorge Salazar Acosta, secretario de Administración y Finanzas, sostuvo que las mesas de negociación permanecen abiertas y que las peticiones sindicales deben atenderse conforme a la ley, sin comprometer la atención a la ciudadanía. Sin embargo, cuestionó que, pese a las reuniones y al ofrecimiento de una mesa de trabajo, integrantes del sindicato bloquearan el inmueble y dificultaran el ingreso de personas y la realización de trámites.
El funcionario consideró inaceptable la interrupción de los servicios públicos y planteó que las diferencias entre la organización sindical y las autoridades no deben trasladarse a la población ni limitar las libertades de terceros.
La postura gubernamental se da en medio de las protestas por demandas laborales y de las interrupciones de actividades que continuaban el 14 de octubre en algunas áreas de la administración estatal.
Salazar Acosta también rechazó que los procedimientos relacionados con las plazas estén dirigidos exclusivamente contra los sindicalizados. Explicó que los plazos para contrataciones, altas y movimientos de personal obedecen al cierre del ejercicio fiscal, las autorizaciones correspondientes y la disponibilidad presupuestal.
En cuanto a los recursos destinados al sindicato, informó que durante el año se han entregado cerca de siete millones de pesos, sujetos a comprobación del gasto.
Como parte de la respuesta oficial al conflicto, anunció que el gobierno dispersará directamente y por única ocasión el bono navideño, por un monto de poco más de mil 800 pesos. Aseguró que la prestación no está condicionada a participar en marchas, manifestaciones o eventos, y que las diferencias con la dirigencia no deben afectar los derechos de los trabajadores.
El secretario añadió que las instancias competentes documentan los hechos relacionados con el cierre de accesos para determinar lo procedente conforme a derecho. Reiteró que el gobierno mantendrá el diálogo, aunque insistió en que las protestas no deben impedir la prestación de servicios a la población.
“Nos mantenemos en el diálogo, pero un diálogo consciente, un diálogo responsable”, expresó.
