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CUERNAVACA, Mor., 20 de febrero de 2026.- El caso Samir Flores entra en una fase crítica donde la justicia parece caminar sobre un campo minado de silencios forzados y expedientes incompletos. A siete años de aquel 20 de febrero, la narrativa oficial se enfrenta a una realidad incómoda: los hilos que conducen a la autoría intelectual han sido sistemáticamente cortados por la muerte, la desaparición o la omisión institucional. Lo que inició como una investigación local, hoy se revela como un rompecabezas de impunidad donde las piezas más importantes han sido borradas del tablero.
En esta segunda entrega, exploramos las sombras del poder que rodean el juicio. Mientras la Fiscalía de Morelos se concentró en los eslabones más débiles de la cadena criminal, los nombres de figuras con peso político y territorial en la zona oriente emergen entre testimonios que nadie quiso proteger. Se trata de una red donde la infiltración del crimen organizado en los gobiernos municipales y la disputa por el control de los recursos se mezclan con la figura de "La Patrona", un personaje que simboliza la fragilidad de un sistema donde la ley se detiene ante los lazos de sangre y el miedo.
El expediente del caso Samir Flores parece una lista de bajas en una guerra invisible. De los cuatro implicados materiales identificados inicialmente, el destino ha sido implacable:
La carpeta de investigación contiene un hilo que la Fiscalía de Morelos nunca quiso jalar con fuerza. Un informante declaró que la sentencia de muerte se dictó el 14 de diciembre de 2018. Según este testimonio, un líder agrario y opositor a Samir se reunió con una mujer apodada "La Patrona" (familia del entonces alcalde de Temoac) para preguntar cuánto costaba "quitar del camino" al activista. El testigo que aportó esta información hoy está desaparecido; el que relató la reunión de los sicarios antes del crimen, fue asesinado.
El abogado de la familia, David Peña, siempre según lo publicado por El País, sostiene que la Fiscalía local realizó una "reconstrucción de autoría material" muy conveniente: identificó a los gatilleros de nivel bajo para cerrar el caso, pero evitó subir al nivel de los autores intelectuales.
La presión social y las evidentes omisiones llevaron a que, hace más de un año, la Fiscalía General de la República (FGR) atrajera el caso a través de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), reconociendo finalmente que el asesinato estaba vinculado a su labor como comunicador y defensor del territorio.
Andrea Angelina “N”, conocida como La Patrona, es una de las figuras más controvertidas del oriente de Morelos. Ex tesorera municipal de Temoac, ha sido detenida en dos ocasiones por presuntos vínculos con la célula criminal Los Aparicio, señalada por extorsión, narcomenudeo y violencia en la región.
Además, mantiene lazos familiares directos con el actual alcalde de Temoac, quien fue atacado a balazos hace unas semanas.
Y, según versiones difundidas en algunos medios locales, su nombre ha sido mencionado de manera especulativa como posible figura detrás de la violencia política en la zona, incluido el asesinato del activista Samir Flores. No existe, hasta hoy, ninguna prueba, acusación formal o señalamiento oficial que la vincule con ese crimen.
Fue detenida dos veces
El 12 de noviembre de 2024, Andrea Angelina N fue detenida mientras aún era tesorera municipal. La Fiscalía de Morelos la señaló por presuntos delitos de:
Fue arrestada junto con tres jóvenes y presentada como integrante de Los Aparicio, grupo delictivo con presencia en Temoac, Jantetelco, Jonacatepec y otros municipios del oriente.
Aunque inicialmente fue procesada por portación de arma de fuego, su condena fue sustituida y los delitos mayores no fueron acreditados. Salió bajo medidas cautelares.
Casi un año después, el 22 de septiembre de 2025, fue detenida nuevamente en un operativo conjunto entre Guardia Nacional, FGR y Fiscalía estatal.
En esta ocasión, las autoridades aseguraron armas largas, armas cortas y droga. De nuevo, fue presentada como parte de la estructura de Los Aparicio, presuntamente dedicada a extorsionar a comerciantes, productores y transportistas.
Andrea Angelina N es suegra del presidente municipal de Temoac, Valentín Lavín Romero. Este vínculo ha generado inquietud entre habitantes y autoridades, especialmente después de que el alcalde fuera atacado a balazos recientemente, en un contexto de creciente presión criminal en la región.
En el ecosistema político y social del oriente de Morelos, donde la violencia y la disputa territorial son constantes, los rumores se convierten en narrativa pública con facilidad.
En ese contexto, algunos medios locales han sugerido que “La Patrona” podría estar relacionada con hechos de violencia política, incluyendo el asesinato del activista Samir Flores, ocurrido en 2019.
Sin embargo:
Es decir: se trata de especulaciones, no de hechos comprobados.
Más allá de los rumores, lo cierto es que Andrea Angelina “N” se ha convertido en un personaje central para comprender:
Su doble detención, su presunta relación con Los Aparicio y su cercanía familiar con el poder municipal la colocan en el epicentro de una trama donde se mezclan intereses criminales, tensiones políticas y una comunidad históricamente golpeada por la violencia.
Este febrero de 2026, el juicio contra Javier Rosendo Pareja ha comenzado formalmente. Sin embargo, para los compañeros de Samir en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA), este proceso es insuficiente. Los activistas señalan que la justicia no puede detenerse en un presunto sicario mientras las figuras políticas que generaron el clima de hostilidad permanecen intocables.
La exigencia de investigación apunta hacia arriba. Se señala a Cuauhtémoc Blanco, exgobernador de Morelos, quien afirmó que el fiscal Uriel Carmona sabía quién mató a Samir pero no hablaba por miedo. También se menciona a Hugo Eric Flores, cuyo enfrentamiento verbal con Samir fue el preludio del crimen, y al propio Andrés Manuel López Obrador, por el discurso de estigmatización que, según la CNDH, vulneró al activista antes de su muerte.
El asesinato de Samir Flores se convirtió en un "molde" para la violencia contra defensores en México: más de 210 activistas han sido asesinados o desaparecidos desde entonces. El caso simboliza la contradicción de un sistema que utiliza el desarrollo industrial —el PIM— como motor de progreso, mientras ignora los cuerpos que quedan en el camino.
Hoy, mientras Liliana, su viuda, y sus compañeros viven exigiendo y esperando justicia en Amilcingo, el juicio intenta poner fin a un expediente. Pero para la historia de Morelos, el caso no estará resuelto hasta que se aclare por qué valía más una termoeléctrica que la vida de un hombre que solo pedía ser escuchado.
La pregunta sigue en el aire, pintada en las bardas de Amilcingo: ¿Quién mató a Samir?