Se ampara diputada federal Sandra Anaya ante investigación en su contra
Cuernavaca, Morelos 22 de septiembre de 2026.- A pesar de mantener expedientes pendientes ante el Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía Anticorrupción, Jaime Juárez López, exdirector de la Comisión Estatal del Agua (Ceagua) durante el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, regresó a la función pública estatal como integrante del equipo que participa en el Plan Cuautla.
El propio Juárez confirmó su incorporación, aunque rechazó ser el coordinador de la estrategia y delimitó sus atribuciones: aseguró que no maneja presupuesto, no cuenta con estructura propia, no decide sobre la entrega de apoyos sociales y tampoco participa en las tareas operativas de seguridad.
Su nuevo encargo, explicó, consiste principalmente en servir como enlace entre el gobierno y la sociedad, particularmente en labores de prevención y comunicación con habitantes de Cuautla.
“Soy parte de la coordinación para el Plan Cuautla. No soy el coordinador”, precisó.
Juárez señaló que reportará directamente a la Oficina de la Gubernatura y a Alan Dupré, coordinador gubernamental, y sostuvo que su participación busca facilitar la comunicación con sectores sociales.
Sin embargo, su regreso ocurre mientras permanecen abiertos asuntos relacionados con su gestión al frente de Ceagua.
En abril pasado, la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) informó que continuaban diversos procedimientos derivados de irregularidades detectadas durante su administración en el organismo. De acuerdo con esa información, había expedientes en trámite ante el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), además de cuatro denuncias presentadas ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
También en 2026, Juárez promovió diversos juicios de amparo relacionados con las investigaciones que enfrenta. Uno de ellos, el expediente 667/2026, estuvo relacionado con una posible orden de aprehensión y obtuvo una suspensión provisional.
El propio exfuncionario ha reconocido que todavía existen asuntos penales pendientes. En declaraciones realizadas en julio, afirmó que eran tres asuntos penales los que continuaban en proceso y sostuvo que estaba colaborando con la Fiscalía Anticorrupción para esclarecer su situación.
JUÁREZ DICE QUE NUEVE DENUNCIAS FUERON DESECHADAS
Juárez aseguró que de las 12 denuncias que originalmente se habían presentado en su contra, nueve fueron desechadas o sobreseídas, de acuerdo con las resoluciones que, dijo, le fueron notificadas.
El exfuncionario explicó que los asuntos estaban relacionados, entre otros aspectos, con señalamientos por la presunta falsificación de documentos dentro de paquetes de licitación.
Juárez sostuvo que esas conductas corresponderían a los propios licitantes y argumentó que él no participaba directamente en los procesos de licitación ni tenía facultades para validarlos.
“No hay forma de que individualicen una conducta para un servidor, porque yo ni participo en las licitaciones, ni las valido”, afirmó.
No obstante, el hecho de que algunos procedimientos hayan sido desechados o sobreseídos no significa que todos los asuntos relacionados con su gestión hayan concluido. La propia ESAF informó que permanecían procesos administrativos y denuncias penales en trámite.
AHORA, EN EL PLAN CUAUTLA
Con ese contexto jurídico todavía abierto, Jaime Juárez vuelve a una posición dentro de la administración estatal.
El exdirector de Ceagua insistió en que su participación será ajena al componente de seguridad del Plan Cuautla, al señalar que las tareas de inteligencia, tácticas y tecnologías policiales corresponden a las instituciones responsables de esa materia.
Su responsabilidad será, según explicó, establecer comunicación con la ciudadanía y trabajar en acciones de prevención.
“Para mí lo más importante es trabajar en la prevención con la sociedad”, señaló.
De esta manera, Jaime Juárez vuelve a la estructura gubernamental mientras aún existen asuntos derivados de su paso por Ceagua que continúan bajo revisión de las autoridades. La existencia de esos procedimientos no determina por sí misma responsabilidad penal o administrativa, pero tampoco permite considerar cerrada toda su situación jurídica.




