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Cuernavaca, Mor., 12 de noviembre de 2026. Paloma Estrada, integrante del Consejo que impulsa la municipalización de Alpuyeca, pidió al Congreso de Morelos atender la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y concluir el procedimiento para definir la creación del municipio indígena. También llamó a los legisladores a avanzar con el proceso de Tetelcingo.
La representante planteó que los diputados trabajen con los distintos actores políticos para que los asuntos se resuelvan a la brevedad, de ser posible durante el actual periodo ordinario de sesiones. Aseguró que las comunidades cuentan con la documentación necesaria para continuar los procedimientos.
El llamado ocurre después de que la SCJN resolvió el amparo en revisión 7/2026 y ordenó al Poder Legislativo estatal concluir el trámite de Alpuyeca y emitir una determinación definitiva, fundada y motivada. El fallo respondió a la demora de casi siete años en atender la solicitud presentada por la comunidad nahua.
Estrada advirtió que el incumplimiento de una sentencia de la Corte puede derivar en requerimientos, multas y otras consecuencias legales, incluso de carácter penal. Por ello, pidió que el Congreso atienda la resolución sin esperar a que se apliquen medidas de apremio.
Cuestionada sobre si perciben resistencia de los diputados o intereses presupuestarios para frenar la municipalización, respondió que hasta ahora no han tenido comunicación con el Congreso. Señaló que esperan que los legisladores conozcan los alcances de la sentencia y estén dispuestos a trabajar en una nueva etapa jurídica.
La integrante del Consejo destacó que la resolución, contenida en 114 páginas, desarrolla los fundamentos del derecho de Alpuyeca a que se resuelva su solicitud como comunidad indígena. También mencionó el caso de Tetelcingo como antecedente en materia de reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios.
La representante convocó a la ciudadanía a mantenerse pendiente del proceso y sostuvo que el Congreso tiene en sus manos cumplir las resoluciones judiciales y garantizar los derechos de las comunidades indígenas.