Ordena Corte al Congreso resolver municipalización de Alpuyeca

Cuernavaca, Mor., 11 de noviembre de 2026. Después de casi siete años sin una respuesta definitiva, la comunidad nahua de Alpuyeca obtuvo un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que obliga al Congreso de Morelos a resolver su solicitud para constituirse como municipio indígena.

Durante la sesión del Pleno del 10 de noviembre de 2026, al resolver el amparo en revisión 7/2026, la Corte determinó que el Poder Legislativo prolongó injustificadamente el procedimiento iniciado en 2019 y vulneró los derechos de libre determinación, autonomía y autogobierno de la comunidad, perteneciente al municipio de Xochitepec.

El conflicto comenzó cuando habitantes de Alpuyeca presentaron ante el Congreso estatal una iniciativa para constituirse como municipio indígena. Ante la falta de respuesta, promovieron un primer juicio de amparo y obtuvieron una resolución favorable; sin embargo, el procedimiento continuó sin llegar a una determinación definitiva.

En 2023 comenzaron los trabajos preparatorios para realizar una consulta comunitaria, pero en 2024 el Congreso dejó sin efectos la ruta institucional establecida y solicitó al instituto electoral local organizar un nuevo ejercicio consultivo. La comunidad impugnó esa decisión mediante un segundo juicio de amparo, que también le fue favorable. El Legislativo recurrió la resolución y el asunto llegó a la Suprema Corte.

Al analizar el caso, el máximo tribunal estableció que el ejercicio del autogobierno indígena no está limitado a una sola forma de organización y que las autoridades deben resolver de manera efectiva las solicitudes de las comunidades. También aclaró que la municipalización requiere revisar aspectos jurídicos, territoriales, administrativos y presupuestales, por lo que el fallo no significa que Alpuyeca quede constituido automáticamente como municipio.

La SCJN determinó que el Congreso deberá concluir el procedimiento durante el siguiente periodo ordinario de sesiones y emitir una resolución debidamente fundada y motivada, sin condicionar el análisis a una nueva consulta para volver a validar la decisión adoptada por la propia comunidad.