Defender derechos no debe costar la vida

Defender los derechos humanos se ha convertido en México en una labor que, con demasiada frecuencia, implica poner en riesgo la propia vida. En un país atravesado por distintas expresiones de violencia, la presencia de grupos delictivos y la precariedad de las condiciones de seguridad, quienes acompañan a las víctimas, denuncian abusos o reivindican las causas de sus comunidades enfrentan amenazas que no pueden permanecer al margen de la atención institucional. El reciente asesinato de Gabriel Rivas Ríos, regidor de Cuernavaca y promotor de numerosas causas sociales, nos confronta con una realidad dolorosa: cuando la violencia alcanza a quienes trabajan por la dignidad humana, también se erosionan los fundamentos de nuestra convivencia democrática.

Esta reflexión, sin embargo, no debe agotarse en la conmoción que provoca un crimen. Nos obliga a examinar la responsabilidad del Estado frente a quienes han hecho de la defensa de las libertades fundamentales una tarea cotidiana. Una persona defensora rara vez actúa únicamente en nombre propio: suele acompañar a familias que reclaman justicia, comunidades que protegen su territorio o personas cuyas demandas difícilmente encontrarían cauces de atención sin ese respaldo. Intimidar o silenciar su labor tiene consecuencias que trascienden a la víctima directa y menoscaban el ejercicio colectivo de los derechos.

El derecho internacional de los derechos humanos ofrece un marco inequívoco para comprender esta responsabilidad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han desarrollado estándares sobre el deber estatal de propiciar entornos seguros para esta actividad, prevenir riesgos conocidos, investigar las agresiones y garantizar el acceso efectivo a la justicia. La obligación de protección no comienza después de consumada la violencia: exige identificar amenazas, actuar con la debida diligencia y evitar que la estigmatización, incluso desde el discurso público, incremente la exposición de quienes ejercen esta labor.

En México, este deber encuentra sustento en el artículo 1º constitucional y en el reconocimiento de la función social que desempeñan las personas defensoras y quienes ejercen el periodismo. Su trabajo contribuye a visibilizar abusos, exigir rendición de cuentas y ampliar los espacios de participación ciudadana. Brindarles protección no supone conceder privilegios a determinados sectores, sino preservar las condiciones indispensables para que cualquier persona pueda ejercer sus libertades, formular exigencias legítimas y acudir a las instituciones sin temor a represalias.

La creación del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas representó un avance en el reconocimiento de estos riesgos. Sin embargo, su eficacia debe valorarse a partir de su capacidad para prevenir agresiones y responder oportunamente ante las amenazas. Las medidas cautelares y de resguardo requieren evaluaciones sensibles a las particularidades de cada territorio, coordinación entre los tres órdenes de gobierno y seguimiento de las circunstancias que originan el peligro. Ningún procedimiento administrativo debería convertirse en un obstáculo cuando están comprometidas la vida y la integridad de una persona.

La situación de las familias buscadoras revela con especial crudeza la dimensión de este desafío. En su informe anual 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos retomó datos de organizaciones de la sociedad civil que documentaron, entre 2016 y agosto de 2025, el asesinato de 25 personas dedicadas a la búsqueda de sus seres queridos y la desaparición de otras siete. A ello se suma el informe sobre desapariciones en México, publicado por ese organismo en mayo de 2026, que reconoce la labor de las familias y los colectivos, y formula recomendaciones para fortalecer su seguridad, las tareas de localización y el acceso a la justicia. Detrás de estas cifras hay historias de ausencia y de perseverancia: personas que, además de afrontar la incertidumbre sobre el paradero de alguien amado, han debido exponerse a nuevos peligros para exigir respuestas que corresponde proporcionar al Estado.

Las agresiones contra quienes defienden derechos alcanzan también a sus familias y a las redes comunitarias que sostienen su trabajo. El miedo, el desgaste emocional, las amenazas y, en ocasiones, el desplazamiento forzado trastoca profundamente la vida de su entorno. Las organizaciones civiles, las colectivas feministas, las agrupaciones de personas con discapacidad, los colectivos de búsqueda y las redes de acompañamiento cumplen una función indispensable al asistir a las víctimas y dar visibilidad a demandas que requieren atención pública. Reconocer esa contribución supone asegurar que puedan actuar con independencia, sin hostigamiento y con las garantías necesarias para desarrollar sus actividades.

La respuesta institucional debe atender, además, las circunstancias particulares de cada población. Las mujeres defensoras pueden enfrentar agresiones atravesadas por la violencia de género; las personas con discapacidad requieren procedimientos accesibles y ajustes razonables; mientras que los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, las juventudes y quienes defienden el territorio pueden hallarse ante amenazas específicas. Incorporar enfoques diferenciados e interseccionales no constituye una consideración accesoria, sino una condición para que las medidas adoptadas respondan a los riesgos reales y nadie quede sin protección por las barreras que enfrenta.

Desde la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos lamentamos y condenamos el homicidio de Gabriel Rivas Ríos, cuya trayectoria estuvo vinculada durante décadas a la defensa de causas sociales y comunitarias. Su muerte exige una investigación pronta, exhaustiva e imparcial, que examine todas las hipótesis pertinentes, incluidos los posibles riesgos asociados con su actividad pública, sin anticipar conclusiones que corresponde establecer a las autoridades ministeriales. Asimismo, hacemos un llamado a los tres órdenes de gobierno para fortalecer las políticas de prevención y los mecanismos de salvaguarda dirigidos a personas defensoras y periodistas, mediante recursos suficientes, coordinación efectiva y procedimientos que permitan evaluar sus resultados.

La defensa de los derechos humanos no puede descansar en el arrojo individual de quienes asumen peligros que las instituciones tienen el deber de prevenir. Una sociedad democrática necesita voces capaces de cuestionar, denunciar, acompañar y reclamar justicia sin que ello comprometa su seguridad. Amparar a quienes desempeñan esta tarea significa resguardar también a las comunidades que representan y las causas que mantienen vivas. La fortaleza del Estado de derecho se revela, en buena medida, en su capacidad para garantizar que nadie tenga que arriesgar la vida por exigir el respeto a la dignidad humana.

En Morelos, todos los derechos para todas las personas.