Movilidad, derechos humanos y responsabilidad pública.

El debate sobre el incremento de la tarifa del transporte público en Morelos no puede reducirse únicamente a consideraciones económicas. Desde una perspectiva de derechos humanos, cualquier decisión que impacte directamente la movilidad de miles de personas debe analizarse bajo los principios de legalidad, progresividad, participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas.

La movilidad ha sido reconocida como un derecho humano indispensable para el ejercicio de otros derechos fundamentales, como el acceso al trabajo, la educación, la salud y la participación en la vida pública. Diversos instrumentos internacionales, entre ellos la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los criterios desarrollados por organismos internacionales de derechos humanos, establecen que los servicios de transporte deben ser accesibles, asequibles, seguros, inclusivos y de calidad.

Por ello, cualquier determinación relacionada con un aumento en la tarifa del transporte público debe sustentarse en estudios técnicos objetivos, información verificable y mecanismos efectivos de consulta con la población usuaria. La ciudadanía tiene derecho a conocer las razones que justifican una medida de esta naturaleza, así como los beneficios concretos que recibiría a cambio.

En las últimas semanas hemos escuchado las inquietudes de diversos sectores de la sociedad. Personas usuarias del transporte, organizaciones civiles, colectivos ciudadanos, estudiantes y trabajadores han expresado preocupaciones legítimas sobre las condiciones actuales del servicio. Entre los señalamientos más recurrentes se encuentran el estado físico de diversas unidades, las condiciones de seguridad, la accesibilidad para personas con discapacidad, el cumplimiento de rutas y horarios, así como la necesidad de garantizar un transporte digno y eficiente.

También se han hecho públicas las consideraciones expresadas por la titular del Poder Ejecutivo estatal respecto de la importancia de que cualquier decisión se encuentre debidamente sustentada y responda al interés general. Este llamado a la responsabilidad institucional resulta especialmente relevante cuando se trata de medidas que impactan de manera directa la economía familiar de miles de personas.

Desde la óptica de los derechos humanos, el principio de progresividad obliga a las autoridades a evitar medidas que puedan generar afectaciones desproporcionadas a la población, particularmente a quienes se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad. Un incremento tarifario que no esté acompañado de mejoras verificables en la calidad, seguridad y accesibilidad del servicio podría traducirse en una carga adicional para quienes dependen diariamente del transporte público para desarrollar sus actividades.

La participación ciudadana constituye otro elemento esencial. Las expresiones públicas, las manifestaciones pacíficas y las convocatorias realizadas por organizaciones y colectivos sociales forman parte del ejercicio legítimo de las libertades de expresión, reunión y participación democrática. Escuchar estas voces fortalece la construcción de políticas públicas más justas y legítimas.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos considera que toda decisión pública debe colocar en el centro a las personas y a la protección de sus derechos. La discusión sobre la tarifa del transporte representa una oportunidad para construir acuerdos que permitan conciliar la viabilidad del servicio con el derecho de la población a una movilidad segura, accesible, eficiente y económicamente asequible.

La confianza ciudadana se fortalece cuando las decisiones se toman con transparencia, cuando la información es pública y verificable, y cuando los resultados se traducen en beneficios reales para las personas. En un Estado democrático, el diálogo, la evidencia y el respeto a los derechos humanos deben ser siempre la ruta para resolver los desafíos colectivos.

Porque hablar de transporte público no es solamente hablar de tarifas. Es hablar de dignidad, igualdad de oportunidades y acceso efectivo a los derechos humanos de todas y todos los morelenses.

Como Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, considero indispensable recordar que la movilidad constituye una condición necesaria para el ejercicio de múltiples derechos fundamentales. Cuando una persona no puede costear su traslado al trabajo, a la escuela o a un centro de salud, no sólo enfrenta una dificultad económica; enfrenta una barrera para el ejercicio pleno de sus derechos.

Antes de cualquier incremento tarifario, la población tiene derecho a conocer con claridad los estudios técnicos, financieros y operativos que sustenten la medida. También tiene derecho a saber cuáles serán las mejoras concretas que recibirá a cambio y en qué plazos se harán efectivas.

Las inquietudes expresadas por la población no pueden ser ignoradas. Resulta igualmente relevante atender los planteamientos realizados por la Gobernadora del Estado respecto de la necesidad de que cualquier decisión esté sustentada en información objetiva y responda al interés público. La construcción de acuerdos exige transparencia, diálogo y una evaluación seria de los impactos que una medida de esta naturaleza tendría sobre la economía de las familias morelenses.

La Comisión observa con respeto las expresiones de participación ciudadana que se han manifestado en este debate.

El centro de la discusión no debe ser únicamente cuánto cuesta el transporte, sino qué calidad de servicio recibe la población y si las condiciones actuales justifican imponer una carga económica adicional a quienes dependen diariamente de este medio para desarrollar su proyecto de vida.

La progresividad de los derechos humanos exige que las decisiones públicas avancen hacia mejores condiciones para las personas y no que generen obstáculos adicionales para el acceso a derechos fundamentales.

En Morelos, todos los derechos para todas las personas.

* Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos.