La reforma de la reforma judicial

La política tiene una prueba de madurez que pocos gobiernos superan: reconocer que una reforma importante puede requerir correcciones sin que ello implique renunciar a sus principios. La iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum para ajustar la arquitectura de la reforma judicial representa precisamente ese momento: el paso de la euforia transformadora hacia la responsabilidad institucional.

Durante décadas, el Poder Judicial mexicano fue objeto de críticas profundas. Se le señaló por su lejanía con la ciudadanía, por prácticas de nepotismo, por privilegios y por una estructura frecuentemente percibida como impermeable al escrutinio democrático. La reforma judicial impulsada en la etapa anterior buscó romper esa inercia histórica mediante un mecanismo inédito: la elección popular de jueces, magistrados y ministros.

Sin embargo, una cosa es plantear una transformación estructural y otra muy distinta es administrar su complejidad operativa. Las primeras experiencias de implementación dejaron visibles problemas técnicos, administrativos y jurídicos que hoy ya no pueden ignorarse. El desafío dejó de ser únicamente democratizar la justicia; ahora consiste en construir un sistema funcional, estable y capaz de producir certeza jurídica.

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