La banalización de la funa

La funa nació como un recurso de quienes, por los ejes de subordinación que les atravesaban, tenían pocas posibilidades de denunciar y ser escuchados(as). Por ello, surge de una lógica con potencia política: si las instituciones no reciben la denuncia y/o revictimizan, y si quienes tienen poder pueden actuar con impunidad, entonces, hacer público lo ocurrido permite romper el silencio y producir una forma de sanción, no institucional, pero sí social. La funa no sustituía necesariamente a la justicia, más bien evidenciaba su ausencia.

Sin embargo, la funa ha pasado a formar parte de lo cotidiano. Hoy, “Te voy a funar” puede significar varias cosas: denunciar una violencia, exhibir un conflicto interpersonal, vengarse de alguien, difundir una acusación no comprobada o simplemente castigar públicamente a quien nos cae mal. Cuando todo puede ser objeto de funa, la funa pierde su potencia.

El problema no es solamente que pueda dañarse injustamente la reputación de una persona. Hay otra consecuencia menos visible, pero de profundo impacto: la sustitución paulatina de los procedimientos por la exposición pública. Frente a un conflicto, ya no se pregunta qué ocurrió, qué mecanismos existen para atenderlo, de qué evidencias se dispone o quién tiene competencia para intervenir. La pregunta se orienta a quién logra instalar primero y con mayor eficacia su versión en el espacio público; sea esta cierta o falsa.

Y surge la paradoja. Muchas prácticas de denuncia pública surgieron porque las instituciones no funcionaban. Pero si dejamos de acudir sistemáticamente a ellas, limitmos las posibilidades de exigir que funcionen. No podemos conocer sus fallas, documentarlas, denunciarlas y transformarlas si de antemano asumimos que cualquier procedimiento es inútil y que la única “justicia” posible es la sanción inmediata de un público elegido a modo.

Lo anterior tampoco significa que las instituciones funcionan bien. Precisamente por eso la denuncia pública ha sido, en determinados contextos, un recurso fundamental de los grupos subordinados. Pero ese origen político obliga también a preguntarnos qué sucede cuando se le banaliza.

La justicia requiere algo más complejo (e incómodo) que tomar partido inmediatamente: necesita procedimientos, escucha, evidencia, derecho de audiencia, responsabilidades y posibilidad de revisión. Apostar a que cada conflicto produzca su propio “tribunal” es riesgoso, hasta para quienes nunca cometen alguna falta.

El problema de la banalización de la funa no es solo que ahora “se fune por cualquier cosa”. Es que una herramienta nacida para disputar la desigualdad de poder se convierte, precisamente, en otra forma de ejercer poder para producir desigualdad: el poder de exponer, condenar y producir efectos en la otra persona sin tener que asumir la responsabilidad sobre el procedimiento por el cual se ha llegado a dicha condena.

Banalizar la funa reconfigura nuestra concepción de la justicia. Pareciera que hoy, justicia es exponer públicamente y nada más.