Gutiérrez Mueller, privilegios sin responsabilidades

En México la llamada “primera dama” no existe jurídicamente, no está prevista en la Constitución, no tiene base normativa, no posee atribuciones formales, tampoco responsabilidades públicas. El problema comienza justamente ahí, en ese vacío legal que permite que alguien cercano al poder presidencial pueda beneficiarse de su proximidad sin ser autoridad, sin estar sujeto a controles institucionales, sin tener obligaciones de rendición de cuentas. El caso de Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, expone con claridad ese problema estructural del presidencialismo mexicano.

Primero. El orden constitucional mexicano descansa sobre un principio elemental del Estado de derecho: toda función pública debe tener fundamento en la Constitución o en la ley. Ninguna autoridad puede ejercer facultades que no estén expresamente previstas en el marco jurídico. Bajo esta lógica, el cónyuge del presidente no forma parte del aparato del Estado, no tiene cargo, no posee atribuciones, no integra la estructura administrativa ni el sistema de responsabilidades públicas. Pero esa ausencia normativa genera una paradoja peligrosa: si no existen atribuciones legales tampoco existen obligaciones jurídicas, tampoco hay controles administrativos, tampoco hay deberes de transparencia. Surge entonces una zona de poder informal, una franja institucional difusa donde la proximidad con la Presidencia puede traducirse en facilidades, apoyos logísticos, privilegios operativos, todo ello sin regulación jurídica y sin mecanismos de rendición de cuentas. No se trata sólo de un problema protocolario o simbólico, se trata de una falla estructural del diseño institucional, porque el aparato del Estado puede ponerse al servicio de alguien que jurídicamente no forma parte del Estado. Esa ambigüedad ha existido durante décadas en México, tolerada por la tradición política, normalizada por la cultura presidencialista, rara vez discutida desde una perspectiva constitucional.

Tercero. El caso de Gutiérrez Müller resulta particularmente significativo porque el gobierno encabezado por López Obrador construyó buena parte de su legitimidad política sobre una narrativa moral, austeridad republicana, rechazo a los privilegios, crítica frontal al estilo de vida de las élites políticas del pasado, repetición constante de una consigna que buscaba marcar distancia ética con los gobiernos anteriores: “no somos iguales”. En ese contexto, la propia Gutiérrez Müller rechazó públicamente el título de primera dama, argumentando que esa figura no existe en el orden jurídico mexicano y que su identidad profesional debía mantenerse separada del poder presidencial. El argumento era jurídicamente correcto, pero la práctica política mostró otra realidad. La ausencia de una figura formal no eliminó los privilegios derivados de la cercanía con el poder, simplemente los desplazó a un terreno más opaco, menos regulado, más difícil de escrutar. No fue la primera dama tradicional que encabezaba organismos asistenciales, fue algo distinto, más ambiguo, una posición donde se ejercieron de facto facilidades institucionales sin asumir las responsabilidades legales que acompañan a los servidores públicos. Ni funcionaria pública ni ciudadana ordinaria, una condición intermedia que permitió usufructuar recursos derivados del aparato estatal sin estar sometida a controles jurídicos.

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