El próximo lunes comenzarán las exhumaciones en las fosas de Jojutla

JOJUTLA, Mor., 21 de marzo de 2026.- Tras un año de suspensión por obstáculos de infraestructura, la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que este lunes 23 de marzo iniciarán formalmente los trabajos de exhumación en la fosa común del panteón de la comunidad de Pedro Amaro, en el municipio de Jojutla.

El titular de la institución, Fernando Blumenkron Escobar, informó que la reactivación de estas diligencias es cumplimiento directo de los acuerdos establecidos con los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas. Detalló que, durante la semana previa, se concluyeron las labores de demolición de la barda perimetral del cementerio, cuya cercanía con la zona de inhumación ilegal había impedido la continuidad de las excavaciones el año anterior.

Un mes de labores periciales

El Fiscal General precisó que se tiene proyectado un calendario de cuatro semanas consecutivas para la recuperación de los cuerpos y restos óseos que se encuentren en el sitio. El objetivo primordial no es solo la exhumación, sino garantizar una cadena de custodia científica que permita la posterior identificación humana.

“Es el compromiso de la Fiscalía para que también se identifiquen todos los indicios y restos que encontremos; es el compromiso que tenemos con las familias”, externó Blumenkron Escobar al término de la ceremonia por el natalicio de Benito Juárez.

Respaldo federal y coordinación nacional

Blumenkron destacó que el tema de la desaparición y la crisis de identificación forense son prioridades en su agenda, motivo por el cual recientemente participó en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. En dicho foro, aseguró, Morelos recibió el respaldo de las autoridades federales para fortalecer los laboratorios de genética y antropología forense.

La intervención en la fosa de Pedro Amaro es considerada un punto neurálgico en la búsqueda de verdad para las familias de la zona sur del estado. La Fiscalía aseguró que coadyuvará en todo momento con los observadores de los colectivos y organismos de derechos humanos para garantizar la transparencia en el manejo de cada hallazgo, buscando dar respuesta a una demanda de justicia que ha marcado a la región por años.