Buscan reconocer personas buscadoras como víctimas indirectas en Morelos

CUERNAVACA, Mor., 21 de marzo de 2026.- Con el objetivo de armonizar la legislación local con los estándares internacionales de derechos humanos, se presentó ante el Pleno del Congreso del Estado una iniciativa de reforma a la Ley de Víctimas del Estado de Morelos. La propuesta busca reconocer de manera expresa a las personas buscadoras como víctimas indirectas, otorgándoles un estatus legal claro que facilite su acceso a los mecanismos de apoyo estatal.

Actualmente, aunque la norma vigente contempla la figura de víctimas indirectas, la omisión del término específico "personas buscadoras" ha generado criterios desiguales en la práctica. Esto dificulta que familiares y allegados que realizan labores de seguimiento, localización, identificación o exigencia de verdad, puedan acceder de forma ágil a los recursos de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas (CEARV). 

Derechos en igualdad de condiciones

La reforma plantea la incorporación de un nuevo párrafo que garantice que estas personas tengan acceso, en igualdad de condiciones, a todos los derechos previstos en la ley. Esto incluye:

• Medidas de ayuda y asistencia: Gastos de búsqueda, alimentación y alojamiento durante brigadas.
• Protección: Garantías de seguridad ante los riesgos inherentes a la labor de campo.
• Acceso a la justicia: Participación activa en las carpetas de investigación y derecho a la verdad.
• Reparación integral: Mecanismos de rehabilitación y resarcimiento del daño.

Un marco legal ante la realidad estatal

La discusión de esta iniciativa se da en un contexto nacional donde se registran más de 110 mil casos de desaparición. En Morelos, la búsqueda ciudadana es una actividad constante y organizada a través de diversos colectivos que, ante la desaparición de un ser querido, se han convertido en actores fundamentales para la localización de personas y el hallazgo de fosas.

El análisis de la propuesta señala que contar con un marco legal preciso permitiría acompañar de mejor manera la labor de las instituciones estatales, las cuales reportan acciones permanentes de localización. Al eliminar la ambigüedad en la interpretación de la norma, se busca que el Estado asuma su responsabilidad de proteger a quienes, por necesidad y amor, realizan tareas que originalmente competen a las autoridades.

Se espera que la iniciativa se turne a las comisiones correspondientes para su dictaminación, donde se prevé una discusión centrada en la viabilidad presupuestal para cubrir las medidas de ayuda que este reconocimiento legal conlleva.