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CUERNAVACA, Mor., 1 de junio de 2027.- El Poder Judicial del Estado de Morelos destinará un plan de austeridad tras revelarse que destinó alrededor de 800 mil pesos del erario a la compra de refrescos y bebidas durante el ejercicio 2024. Este gasto ocurrió mientras la institución acumulaba deudas con trabajadores jubilados y arrastraba una crisis financiera que hoy la obliga a solicitar al Congreso local una ampliación presupuestal urgente de 321 millones de pesos para operar el resto del año.
El despilfarro fue admitido por Javier García Tinoco, presidente del Órgano de Administración Judicial, al presentar el nuevo ajuste de gasto corriente. Fuentes internas de la institución confirmaron que las bebidas, clasificadas como "insumos VIP", se concentraron exclusivamente en las salas de los magistrados, oficinas de jueces de control y eventos del Consejo de la Judicatura, excluyendo a secretarios, actuarios y archivistas.
La inconformidad de los trabajadores de base aumentó al contrastarse la opacidad administrativa con las declaraciones oficiales de insolvencia. La misma gestión que autorizó de manera consecutiva el presupuesto para las bebidas selectas argumenta ahora no contar con fondos públicos para cubrir los compromisos laborales ordinarios.
Una auditoría interna expuso anomalías y falta de supervisión en las contrataciones de servicios generales. Un convenio de internet que se liquidaba en 500 mil pesos anuales se redujo a 350 mil pesos tras un estudio de mercado, evidenciando un sobrecosto de 150 mil pesos. Asimismo, se detectó que de 190 líneas telefónicas fijas pagadas por el erario, al menos 40 no funcionaban y permanecían inactivas sin reporte.
En el municipio de Jiutepec, las autoridades judiciales se vieron obligadas a renegociar un contrato de arrendamiento forzoso estipulado a diez años. La intervención logró bajar la renta mensual de 85 mil a 65 mil pesos, lo que representará un ahorro anual de 240 mil pesos para la hacienda pública del tribunal.
García Tinoco reconoció que los fondos actuales del tribunal apenas alcanzan para cubrir la nómina hasta el mes de septiembre. De los 321 millones de pesos solicitados al Poder Legislativo el pasado 8 de mayo, la institución requiere 37 millones de pesos de forma inmediata para el pago de pensiones correspondientes a los años 2025 y 2026 que debieron liquidarse a los trabajadores retirados.
"Buscamos ser razonables con el gasto corriente para intentar cumplir con las obligaciones básicas de la institución. Los fondos actuales del tribunal apenas alcanzan para cubrir los compromisos laborales hasta el mes de septiembre."