Del acompañamiento a la garantía de derechos: un año construyendo precedentes

En materia de derechos humanos existen momentos que cambian la historia de una institución. No siempre ocurren frente a los reflectores ni producen resultados inmediatos, pero dejan una huella profunda porque transforman la manera en que el Estado responde a las personas.

Las diligencias de exhumación en el panteón de Jojutla representan uno de esos momentos para Morelos.

Durante años, las madres buscadoras y los colectivos de familiares han sostenido una lucha incansable para que la búsqueda de sus seres queridos se realice con verdad, dignidad y respeto. Su perseverancia ha permitido visibilizar que detrás de cada resto humano existe una historia, una familia y un derecho que el Estado tiene la obligación de garantizar: el derecho a saber qué ocurrió con las personas desaparecidas.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos ha acompañado este proceso desde la convicción de que la presencia de un organismo público de derechos humanos debe ser activa, técnica y cercana a las víctimas. Sin embargo, el verdadero avance no consiste únicamente en estar presentes; consiste en asegurar que esa presencia responda a estándares claros y permanentes.

Por ello, uno de los logros más importantes alcanzados este año fue la emisión de los Lineamientos para la participación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos en diligencias de exhumación en fosas institucionales, un instrumento que establece cómo debe actuar la Comisión antes, durante y después de cada diligencia, fortaleciendo la observación, la documentación, la protección de los derechos de las víctimas y el acompañamiento a sus familias. Estos lineamientos fueron trabajados desde el mes de abril y puestos a consideración de los colectivos; se usaron durante las diligencias y consolidaron a través de un esfuerzo colectivo para finalmente ser publicados el 2 de julio de 2026, como parte del fortalecimiento normativo interno de la institución.

Su contenido define principios rectores para la actuación institucional; precisa las atribuciones del personal participante; establece criterios de coordinación con las autoridades responsables; contempla la observación del respeto a la dignidad humana durante las exhumaciones; incorpora mecanismos para documentar posibles violaciones a derechos humanos; fortalece el acompañamiento a las víctimas indirectas y promueve la elaboración de informes que permitan dar seguimiento a las condiciones observadas durante las diligencias. Con ello, la actuación de la Comisión deja de depender exclusivamente de la experiencia de quienes participan y se convierte en una práctica institucional uniforme y especializada.

Este esfuerzo encuentra respaldo en los estándares internacionales. El Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas ha señalado que las autoridades deben garantizar la participación efectiva de las familias durante los procesos de búsqueda e identificación, brindarles información oportuna y asegurar que todas las actuaciones se desarrollen con un enfoque de derechos humanos. De igual manera, los Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas establecen que la búsqueda debe realizarse con la participación de los familiares, con transparencia, coordinación institucional y respeto irrestricto a la dignidad de las personas. Así como, el Protocolo de Minnesota, manual que establece directrices para la investigación eficaz de muertes potencialmente ilícitas y desapariciones forzadas, garantizando el respeto al derecho a la vida y la rendición de cuentas

En distintos países que han enfrentado graves crisis de desaparición, como Argentina, Bosnia y Herzegovina o Perú, una de las lecciones más importantes ha sido que las instituciones generan mayor confianza cuando cuentan con protocolos claros, reglas públicas y mecanismos permanentes de supervisión. Las mejores prácticas internacionales muestran que la institucionalización de procedimientos evita improvisaciones, fortalece la rendición de cuentas y coloca a las víctimas en el centro de las decisiones.

Morelos hoy avanza en esa dirección.

Las diligencias realizadas en Jojutla han recordado a toda la sociedad que la búsqueda de personas desaparecidas no termina con la localización de restos humanos; continúa con la identificación, la restitución digna, el acceso a la verdad y la justicia para las familias. Cada actuación institucional debe contribuir a ese propósito.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos refrenda así que acompañar significa mucho más que observar. Significa construir herramientas que permanezcan, generar capacidades institucionales y establecer reglas que garanticen que cada intervención se realice con sensibilidad, profesionalismo y pleno respeto a los derechos humanos.

Porque cuando una institución convierte el aprendizaje en normas y las normas en garantías, deja de reaccionar frente a las crisis y comienza a prevenir que las violaciones a los derechos humanos vuelvan a repetirse.

En Morelos, todos los derechos para todas las personas.

* Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos.