Exige TSJ presupuesto millonario ante crisis judicial

CUERNAVACA, Mor. 15 de julio de 2026.– El Poder Judicial de Morelos ha puesto contra las cuerdas al Poder Ejecutivo y al Congreso del Estado al proyectar una necesidad presupuestal de entre 1,300 y 1,500 millones de pesos para 2027. Javier García Tinoco, presidente del Órgano de Administración Judicial, reveló que, de no estos recursos, el judicial estatal corre el riesgo de paralizarse y fallar en sus obligaciones constitucionales.

La presión de los plazos constitucionales
El centro del conflicto presupuestal es la entrada en vigor de los juzgados civiles y familiares orales, cuya fecha fatal es el 1 de abril de 2027 . Según García Tinoco, para cumplir con este mandato legal, el TSJ está obligado a crear al menos 10 juzgados nuevos , cada uno con un costo operativo —personal, equipo y mobiliario— de 14 millones de pesos , cifra que no incluye la obra civil necesaria para albergarlos.

Esta exigencia coloca una presión política directa sobre la administración estatal y los legisladores locales, quienes deberán definir si las prioridades de gasto para el próximo ejercicio permitirán cubrir estas deficiencias.

Infraestructura en el olvido
Más allá de la oralidad, el diagnóstico presentado por García Tinoco exponen una realidad que cuestiona la gestión de los recursos públicos en años anteriores:

Colapso energético: La sede en Tlaxcaloya enfrenta apagones recurrentes que han obligado a depender de plantas de energía al borde del colapso, evidenciando una falta de inversión preventiva.

Parque vehicular obsoleto: La falta de renovación en las unidades de traslado del TSJ ha generado que la operación diaria sea cada vez más costosa y arriesgada para el personal.

Mantenimiento pendiente: El rezago en impermeabilización y reparaciones estructurales ha llevado a los edificios judiciales a una situación de deterioro que ahora exige una erogación mayor.

El mensaje es claro: el Poder Judicial exige que el presupuesto deje de verse como un gasto administrativo y sea tratado como una inversión estratégica para evitar una crisis de justicia en el estado. Ahora, la pelota está en la cancha de los actores políticos, quienes tendrán que decidir si garantizan los recursos necesarios o asumen el costo político de una justicia colapsada para el próximo año.