Sacrifica Ayuntamiento de Jiutepec a dos perros comunitarios

Jiutepec, Morelos 19 de septiembre de 2026.- La indignación y el coraje se apoderaron de la comunidad de la Unidad Habitacional CIVAC , en el municipio de Jiutepec, tras confirmarse la muerte de Oslo y Negrita, dos perros comunitarios que fueron sacrificados por personal del Ayuntamiento local.

Vecinos y defensores de los derechos de los animales se manifestaron públicamente para exigir la destitución inmediata de los funcionarios involucrados, reprochando además al alcalde Eder Rodríguez su total ausencia e inacción ante esta grave problemática. Durante ocho días, las autoridades municipales ocultaron el desfile de los cánidos, generando incertidumbre entre los residentes que convivieron con ellos durante más de cinco años en la calle Ocho Este.

Confirman sacrificio e inhumación irregular
Ante la fuerte presión ciudadana, el secretario municipal, Arturo Flores Solorio , reconoció que los ejemplares fallecieron el mismo día de su captura tras recibir dos inyecciones.

El funcionario admitió que los restos fueron depositados de manera irregular en un predio municipal ubicado en Lomas del Texcal —sitio utilizado habitualmente para el resguardo de caballos del Ayuntamiento—, lo que desató duras críticas. Activistas calificaron el lugar como una fosa clandestina de animales, ya que carece de las normativas sanitarias vigentes para el manejo y disposición de restos.

Por su parte, Lupita Xicoténcatl, presidenta de la organización Cuernavaca Ama sus Animales AC , desmintió la versión oficial que intentaba catalogar a los perros como agresivos, asegurando que existían personas dispuestas a brindarles un hogar formal.

Violación a la ley y vacíos normativos
Este hecho vulnera flagrantemente lo establecido en la Ley de Protección y Bienestar Animal del Estado de Morelos , la cual prohíbe tajantemente el sacrificio de animales de compañía como método de control poblacional y exige estrictos protocolos de valoración médica y resguardo. Asimismo, el Código Penal estatal tipifica el maltrato animal con penas de hasta cuatro años de prisión.

Aunque la administración municipal informó sobre la presentación de una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, omitió revelar los nombres y cargos de los empleados designados , lo que avivó la inconformidad social.