Piden a Fiscalía informar avances en asesinatos de Marín y Rivas
Cuernavaca, Mor., 18 de noviembre de 2026.- La presencia de la Fiscalía General del Estado (FGE) en la región oriente quedó bajo cuestionamiento durante la comparecencia de su titular, Fernando Blumenkron Escobar. La diputada del PRI, Eleonor Martínez, señaló que Cuautla concentra el problema de extorsión en Morelos, pero la institución tuvo una participación limitada en las mesas regionales de seguridad realizadas en esa zona.
La legisladora expuso que, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Morelos registra la tasa de extorsión más alta del país; Cuautla ocupa el primer lugar entre los municipios y Yautepec el tercero.
A las cifras de incidencia se suma el impacto económico. Martínez afirmó que, según el sector empresarial, cerca de 800 negocios cerraron en Cuautla durante un año a causa de la extorsión. Entre los sectores afectados mencionó a comerciantes, transportistas y productores del campo, además de familias que enfrentan el cobro de cuotas.
Cuestiona distribución de la presencia institucional
La diputada reconoció las acciones reportadas por la Fiscalía, entre ellas el trabajo de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto y el convenio de colaboración con la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra). Sin embargo, contrastó esos avances con la distribución de las mesas regionales de seguridad en las que participó la institución.
De acuerdo con los datos que presentó, la Fiscalía intervino en 409 mesas: 260 en la región metropolitana, 122 en la sur poniente y apenas 27 en la región oriente.
Para Martínez, la diferencia resulta relevante porque la zona oriente concentra municipios con altos niveles de extorsión y una afectación directa a la actividad económica. Cuestionó así si la atención institucional corresponde a la dimensión del problema que enfrentan comerciantes y familias.
Piden acercar la Fiscalía a las víctimas
La legisladora planteó que la respuesta no debe limitarse a las acciones de investigación, sino que debe incluir una mayor presencia territorial y mecanismos para acercar los servicios de la Fiscalía a quienes tienen miedo de denunciar.
La comparecencia abrió así el cuestionamiento sobre las prioridades operativas de la institución: mientras el fiscal reporta avances en detenciones y sentencias contra la extorsión, desde el Congreso se advierte que la región con mayores tasas del delito no ha tenido la misma presencia en las mesas de seguridad.
Martínez pidió acelerar la atención y facilitar que las víctimas puedan denunciar sin tener que enfrentar las barreras que actualmente las mantienen en silencio.




