Acumula penal femenil de Morelos muertes y quejas por falta de atención médica
Cuernavaca, Mor., 18 de noviembre de 2026. La aplicación de las reformas contra el maltrato animal en Morelos quedará condicionada a una decisión del Congreso: asignar presupuesto específico para que la Fiscalía y los 36 municipios puedan cumplir las obligaciones legales en materia de protección y bienestar animal.
Durante el análisis del Paquete Económico 2027, colectivos defensores de los animales pidieron a las y los diputados dejar de limitar la respuesta institucional a la aprobación de leyes y exhortos, y destinar recursos para investigar denuncias, realizar pruebas periciales, resguardar animales y crear áreas municipales especializadas.
Vanessa Perbellini, presidenta de la Coalición por la Defensa Animal Morelos, sostuvo que las reformas pierden eficacia cuando no cuentan con financiamiento. “Los diputados hacen y hacen y hacen leyes, pero sin presupuesto son letra muerta”, señaló.
Fiscalía sin recursos suficientes para atender denuncias
La activista pidió etiquetar recursos directamente para la agencia contra el maltrato animal de la Fiscalía, además de crear un Servicio Médico Forense (Semefo) para animales, donde puedan resguardarse los cuerpos y practicarse estudios periciales que permitan documentar posibles delitos.
También advirtió que algunas denuncias no llegan a buen término porque la institución carece de espacios para mantener bajo resguardo a los animales que asegura durante las investigaciones. Sin esas instalaciones, señaló, se dificulta la integración de pruebas y el seguimiento de los casos.
Municipios tienen obligaciones, pero necesitan financiamiento
La exigencia presupuestal también alcanza a los ayuntamientos. Las reformas contemplan que los municipios cuenten con áreas de dirección, control y bienestar animal, pero las organizaciones advierten que esas disposiciones requieren recursos para operar.
Perbellini explicó que no basta con habilitar espacios para alojar perros y gatos. Las áreas deben tener personal jurídico, médicos veterinarios, instalaciones para el resguardo de animales y programas de adopción, entre otras funciones.
La representante de la coalición afirmó que no identifica partidas etiquetadas directamente para la protección animal y cuestionó que se aprueben nuevas obligaciones sin garantizar los recursos para cumplirlas.
La discusión del presupuesto de 2027 coloca así a los legisladores ante una decisión concreta: definir si las disposiciones aprobadas tendrán financiamiento para operar en la Fiscalía y los municipios, o si su aplicación seguirá limitada por la falta de personal, infraestructura y recursos.




