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Cuernavaca, Mor., 18 de noviembre de 2026.- El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) Morelos destinó 1.5 millones de pesos a Comunicación Social durante 2025, de los cuales 1.1 millones fueron asignados mediante tres contratos a la Empresa de Abastecimiento Movse, cuya actividad comercial no contempla servicios de marketing ni publicidad, de acuerdo con un informe de Morelos Rinde Cuentas (MRC).
La investigación, difundida el 17 de noviembre, pone bajo escrutinio las contrataciones realizadas durante la dirección de Rodrigo Arredondo López, expresidente municipal de Cuautla. El centro de investigación señala que la empresa recibió recursos públicos por servicios que no corresponden a su giro comercial, lo que plantea interrogantes sobre los criterios utilizados por el organismo educativo para adjudicarle trabajos de comunicación.
Una misma empresa, distintos servicios públicos
El informe también documenta antecedentes de Movse con el Ayuntamiento de Cuautla durante 2022 y 2023, cuando Arredondo López encabezaba el gobierno municipal. En ese periodo, la empresa recibió pagos cercanos a 14 millones de pesos por conceptos diversos, entre ellos reparación de vehículos, organización de eventos, alimentos, materiales de limpieza, apoyos por desastres naturales, jardinería y fumigación.
La variedad de servicios contratados a una misma proveedora y su posterior participación en trabajos de comunicación social para el Conalep son parte de los señalamientos de Morelos Rinde Cuentas sobre el manejo de los recursos públicos.
Señalan falta de transparencia en los contratos
El centro de investigación también reportó que los contratos del Conalep no fueron publicados en las plataformas oficiales de transparencia correspondientes, lo que limita la consulta pública de las condiciones de adjudicación y los servicios contratados.
Hasta ahora, los datos difundidos por MRC documentan los montos, la identidad de la empresa y sus antecedentes como proveedora del Ayuntamiento de Cuautla. Los señalamientos no constituyen por sí mismos una resolución sobre posibles responsabilidades; corresponde a las instancias fiscalizadoras determinar si las contrataciones se apegaron a la normativa y si los servicios fueron debidamente justificados.




