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CUERNAVACA, Mor., 7 de marzo de 2026.- Justo en el momento más agitado que vive este gobierno desde su inicio, las autoridades decidieron crear el nuevo Protocolo de Actuación Policial para Manifestaciones, que viene a llenar un vacío histórico en materia de reglas claras de uso excesivo de la fuerza aplicada a protestas y marchas.
Este documento, emitido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a cargo de Miguel Ángel Urrutia Lozano, establece por primera vez reglas claras y obligatorias para los operativos estatales en marchas, bloqueos y plantones.
Hasta antes de esta publicación, Morelos carecía de un marco de referencia que definiera los límites de la autoridad frente a la protesta social, lo que a menudo derivaba en falta de coordinación, criterios dispares de los mandos y un riesgo latente de abuso policial.
El documento, que entró en vigor este 6 de marzo de 2026, se fundamenta en principios de proporcionalidad, necesidad y respeto a la libertad de expresión. Entre sus puntos más disruptivos destacan:
El protocolo no solo protege a los manifestantes; también brinda certeza jurídica a los elementos policiales. El texto reconoce el derecho de los oficiales a la legítima defensa proporcional, a recibir capacitación técnica y a no ser utilizados con fines políticos. Además, obliga a que toda detención —que solo podrá ser en flagrancia— sea registrada de inmediato en el Registro Nacional de Detenciones.
El documento integra un apartado específico en materia de género y grupos en situación de vulnerabilidad. Ante la creciente movilización feminista en la entidad, el documento establece lineamientos estrictos para evitar la violencia institucional. Una de las disposiciones más relevantes del protocolo es la obligatoriedad de que, en manifestaciones de mujeres, la primera línea de contacto esté integrada exclusivamente por personal policial femenino.
El protocolo reconoce la "genealogía de las luchas" en Morelos. Por ello, ordena un trato prioritario y protector hacia las madres buscadoras, defensoras de derechos humanos y colectivas feministas.
El documento también instruye a los elementos de la Secretaría de Seguridad a actuar con sensibilidad ante manifestaciones de la diversidad sexual.
Dada la alta participación de menores de edad en las movilizaciones actuales (como se ha visto en las marchas de la UAEM), el protocolo establece que la policía debe extremar precauciones para no poner en riesgo la integridad física o emocional de niñas, niños y adolescentes presentes en la zona.
El protocolo es claro: la policía no debe juzgar las causas de la marcha ni emitir comentarios que deslegitimen el dolor de las víctimas o sus familiares. El papel de la fuerza pública se limita a salvaguardar la vida y facilitar la libre expresión, bajo una vigilancia que priorice la seguridad de las participantes sobre la protección de inmuebles.
Además de lo anterior, los cambios importantes se reflejan en que antes de la publicación del protocolo, los operativos dependían del criterio personal del mando en turno, lo que generaba desconfianza ciudadana. Con este decreto:
Este avance representa una herramienta esencial en un estado con alta conflictividad social como Morelos, pues reduce los riesgos de enfrentamientos y asegura que la respuesta estatal sea profesional, transparente y apegada a la ley.