Construir la paz: el camino hacia un Morelos más justo y democrático

Hay palabras que, de tanto pronunciarlas, corren el riesgo de perder su espesor. Paz es una de ellas. La invocamos en ceremonias, discursos y conmemoraciones, aunque con demasiada frecuencia solo reparamos en su ausencia cuando la violencia ya ha dejado víctimas, cuando el conflicto ha fracturado una comunidad o cuando la desconfianza hacia las instituciones parece haberse instalado como una forma ordinaria de convivencia. El Día Internacional de la Paz, conmemorado cada 21 de septiembre, debería servir precisamente para interrumpir esa inercia y devolver a la palabra su sentido más exigente: la paz no es un estado de quietud ni la simple ausencia de confrontación, sino una construcción política, jurídica y social que debe hacerse visible en la vida de las personas.

No es casual que Naciones Unidas haya elegido para 2026 el lema “Invierte en la paz: para todas las personas, en todas partes y todos los días”. La formulación encierra una idea decisiva: la paz requiere inversión, voluntad y perseverancia; no acontece por generación espontánea. En el lenguaje contemporáneo de los derechos humanos, significa crear condiciones para que toda persona pueda vivir con seguridad, dignidad y oportunidades, sin miedo a la violencia ni a la arbitrariedad y con instituciones capaces de proteger sus libertades. La Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Paz profundiza esa relación al vincularla con la igualdad, la no discriminación, la justicia y el Estado de derecho. Allí donde esos principios retroceden, la paz deja de ser una experiencia compartida y se convierte, en el mejor de los casos, en una aspiración.

Esta reflexión adquiere una densidad particular en Morelos. Hablar aquí de cultura de paz obliga a resistir la tentación de reducirla al ámbito de la seguridad pública, como si la respuesta frente a la violencia comenzara y terminara en la capacidad coercitiva del Estado. La seguridad es indispensable, desde luego, pero una sociedad pacífica exige algo más profundo: instituciones confiables, acceso efectivo a la justicia, educación, igualdad sustantiva, protección de las víctimas y cauces democráticos para procesar el desacuerdo. Los registros de incidencia delictiva permiten dimensionar una parte del problema; no alcanzan, sin embargo, a narrar el miedo de una familia, la vulnerabilidad de quien ha sido desplazado de su tranquilidad cotidiana o el desgaste de una comunidad que aprende a convivir con aquello que nunca debió normalizar.

La paz, por ello, se juega también en escenarios aparentemente modestos: en una escuela donde el acoso no se tolera ni se encubre; en una oficina pública donde ninguna persona es humillada por su origen, su condición económica, su género o su discapacidad; en la posibilidad de que una mujer denuncie violencia y encuentre protección antes de que sea demasiado tarde; en una comunidad capaz de tramitar sus diferencias mediante el diálogo; en una víctima que, frente al poder público, no encuentra indiferencia sino escucha, acompañamiento y justicia. Es en esos espacios cotidianos —mucho antes de que el conflicto alcance sus expresiones más graves— donde una sociedad decide, aun sin advertirlo, cuánto vale para ella la dignidad humana.

Desde esa convicción debe comprenderse también la responsabilidad de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. Su función no puede agotarse en recibir quejas, investigar posibles violaciones o formular recomendaciones, por indispensables que sean esas atribuciones. También exige escuchar el pulso de la sociedad y abrir espacios de interlocución antes de que los conflictos se vuelvan irreconciliables. De ahí los diálogos regionales, la articulación de redes de personas defensoras de derechos humanos y el acompañamiento institucional en protestas sociales: acciones que permiten tender puentes, prevenir abusos y recordar al poder público que la dignidad de las personas constituye un límite infranqueable. Defender derechos es también prevenir violencias; y prevenirlas, una forma responsable de construir paz.

Nada de ello supone desconocer que el conflicto forma parte de toda sociedad plural. Una cultura de paz no aspira a una comunidad sin diferencias, porque una democracia sin desacuerdo sería, además de imposible, profundamente sospechosa. Aspira a una convivencia más exigente: que nuestras diferencias puedan expresarse sin convertirse en violencia; que la protesta encuentre cauces y escucha; que la autoridad responda con legalidad; que la crítica no sea entendida como enemistad y que nadie deba renunciar a sus derechos para preservar una apariencia de orden. La paz democrática no silencia el conflicto: crea instituciones capaces de procesarlo sin sacrificar a quien piensa distinto.

Ese es, quizá, el desafío que conviene asumir después de cada 21 de septiembre. Morelos no necesita una paz declamada, sino reconocible: en calles donde sea posible transitar sin miedo; en escuelas que incluyan; en servicios públicos que traten con dignidad y en autoridades que comprendan que servir implica escuchar, rendir cuentas y responder. La paz duradera no nace de una efeméride ni puede imponerse mediante decreto. Se construye cuando una institución protege en lugar de vulnerar, cuando una comunidad elige el diálogo sobre la violencia y cuando un derecho deja de ser una promesa escrita para convertirse en realidad. Allí donde los derechos humanos son respetados, la paz deja de ser retórica y comienza a convertirse en experiencia.

“En Morelos, todos los derechos para todas las personas.”

*Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHM)