Ahora es la primera opción

La funa nació como una práctica política para exponer y condenar públicamente a quienes, por ostentar una posición de poder, gozaban de impunidad frente a sus actos. La funa fue, en sus orígenes, una herramienta de denuncia útil para que los grupos subordinados denunciaran injusticias, violaciones de derechos y violencias que, normalmente, por acción u omisión institucional, quedaban sin castigo ni registro. Así, la funa nació en los márgenes y desde quienes estaban silenciados(as).

Al igual que muchas prácticas nacidas de esta forma, al paso del tiempo la funa se ha transformado en su naturaleza. En sus inicios, la funa era una estrategia excepcional para cuando la denuncia abierta y directa representaba un peligro debido a la jerarquía de poder: el/la denunciante se encontraba subordinada y/o en desventaja respecto a la persona denunciada. Además, la funa ocurría en escenarios cuando ya se habían explorado otras vías informales e institucionales, mismas que habían resultado ineficientes. Al transitar de herramienta política a práctica generalizada, la funa ha adquirido rasgos problemáticos que vale la pena analizar.

Por una parte, la funa se ha convertido en el primer recurso de denuncia no importando si existe o no una jerarquía de poder, y sin antes haberse agotado otros recursos de denuncia y conciliación que muchas veces sí existen y podrían funcionar. Lo que comenzó como una desconfianza institucional se ha trasladado a otros ámbitos, haciendo que, incluso, en los conflictos interpersonales donde no existen asmietrías de poder significativas, la funa se anteponga al diálogo. En ese sentido, una de las transformaciones más evidentes de la funa ha sido su desplazamiento de lo estructural a lo interpersonal. Mientras en el pasado el objetivo era denunciar abusos de poder con relevancia social, hoy podemos observar muchas funas que se inscriben en conflictos privados. Este cambio no es menor: la funa pierde fuerza como herramienta frente a la injusticia para convertirse en atajo para evitar la gestión de conflictos.

Estos cambios están produciendo un tipo de cultura: en lugar de promover procesos de responsabilidad, reparación y cambio, instaura y congela identidades: quien es funado(a)queda reducido y congelado a su falta. En un ejercicio de honestidad, hay que reconocer que no toda persona que hoy aplica una funa se encuentra en posición de desventaja, más bien al contrario: muchas de este tipo de denuncias que vemos en redes sociales provienen de quienes ostentan alguna ventaja sobre el/la funado(a), haciendo casi irreversible la narrativa instaurada y desplegando una sanción potencialmente permanente. Ya no importa visibilizar una injusticia, sino estigmatizar.

En numerosas ocasiones, la funa y su viralización, lejos de denunciar la violencia, la sustituye y prolonga. La acumulación de mensajes, la falta de contexto y la presión colectiva pueden generar daños profundos y desproporcionados respecto al agravio denunciado. Muchas veces, quien es expuesto, queda sometido(a) a la vigilancia prolongada. La sanción pública bajo estos términos castiga también el disenso y, definitivamente, empobrece el debate. Así, la funa se instaura como dispositivo de control social que exige pureza y niega la posibilidad de cambio en quienes han cometido errores.

Criticar los alcances nocivos de la funa contemporánea no implica deslegitimar la denuncia de quienes no tienen acceso a otros mecanismos para ser escuchados(as); más bien, incita a preguntarnos el posicionamiento ético que adoptamos frente a ella. Cuando decidimos funar a alguien, ¿realmente hemos agotado otras instancias de denuncia?, ¿nos encontramos desprovistos(as) de poder para hacer escuchar nuestra voz?, ¿superponemos la denuncia de lo injusto frente a nuestro deseo punitivo? Si la justicia que practicamos no deja espacio para la transformación, corremos el riesgo de construir un mundo donde nada ni nadie puede cambiar.