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Ciudad de México, 19 de noviembre de 2026. El Gobierno federal modificó las reglas para la producción y contratación de materiales electorales al otorgar a Talleres Gráficos de México el mandato de convertirse en el principal proveedor del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los organismos públicos locales electorales (OPLE). El decreto presidencial, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), busca reducir la dependencia de empresas privadas y modificar un esquema de contratación que ha estado bajo cuestionamiento por irregularidades y concentración de proveedores.
La reforma coloca a una empresa pública en el centro de la producción electoral y establece nuevas restricciones para quienes participen en los contratos. Entre ellas, prohíbe contratar a empresas sancionadas, observadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) o señaladas por prácticas monopólicas. Además, obliga a transparentar el padrón de proveedores, los contratos y las adquisiciones.
El decreto retoma observaciones de la ASF sobre contrataciones del INE y de la propia empresa pública durante la fiscalización de la Cuenta Pública 2024. Entre las irregularidades documentadas están adjudicaciones directas sin justificación suficiente, ausencia de investigaciones de mercado, pagos anticipados por servicios correspondientes a ejercicios posteriores y dependencia de terceros para completar órdenes de producción.
La reestructuración también modifica la integración de la Junta de Gobierno de Talleres Gráficos de México, que pasará de cinco a siete integrantes. Se incorporarán tres especialistas de instituciones académicas: Ángel Eustorgio Rivera González, por el Instituto Politécnico Nacional; Raúl Juan Contreras Bustamante, por la Universidad Nacional Autónoma de México, y Josefina Cortes Campos, por el Tecnológico de Monterrey.
La Junta estará integrada también por representantes de la Secretaría de Gobernación, la Consejería Jurídica de la Presidencia y las secretarías de Hacienda y de Anticorrupción y Buen Gobierno. En paralelo, Viridiana Gabriela Yáñez Rivas asumió la dirección general del organismo, de acuerdo con el anuncio de la titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.
La funcionaria sostuvo que los cambios no vulneran la autonomía del INE. Sin embargo, el nuevo esquema establece que los proveedores deberán acreditar su capacidad técnica, material, operativa, administrativa y financiera. También contempla tarifas autorizadas por la Junta de Gobierno y precios homologados para el instituto y los organismos electorales estatales.
Otro de los candados establece que quien ocupe la dirección general no deberá tener conflictos de intereses y tendrá que cumplir los requisitos de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Tampoco podrá haber sido representante, socio o empleado de proveedores de documentación y materiales electorales durante los cinco años anteriores.
La transformación se desarrollará en dos etapas. La primera, de noviembre de 2026 a junio de 2027, contempla fortalecer la vigilancia, transparentar las contrataciones, crear un padrón público de contratistas y proveedores y ampliar los mecanismos de supervisión. También se prevé una solicitud anual de auditoría voluntaria a la ASF.
La segunda fase, de julio de 2027 a 2030, plantea convertir a Talleres Gráficos en una empresa pública con mayor capacidad de producción, mediante la modernización de instalaciones y equipamiento, así como la formulación de una Ley de la Imprenta Nacional de México, con mandato para elaborar documentación y materiales electorales y documentos de seguridad.
El proyecto incluye además una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para establecer que la documentación y los materiales electorales sean producidos por entes públicos, bajo las especificaciones y controles de calidad del INE.
También se propone establecer compras consolidadas para el INE y los OPLE mediante un catálogo único, además de crear un almacén nacional para resguardar, reutilizar y rehabilitar materiales electorales. Con estos cambios, el Gobierno federal busca modificar la participación de proveedores privados en un sector estratégico para la organización de las elecciones y establecer nuevas reglas sobre el uso de recursos públicos.




