Tiempos Modernos: UAEM, la encrucijada

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos vive un momento que no es solo administrativo ni académico: es un dilema de derechos. La Procuraduría de los Derechos Académicos emitió un criterio orientador para permitir el regreso a clases en modalidad virtual, bajo el argumento de que el derecho a la educación y el derecho a la protesta deben coexistir sin jerarquías. La fórmula parece equilibrada: clases voluntarias, grabadas, sin faltas, sin represalias, sin listas públicas, con canales de denuncia inmediata. Una solución técnica para un conflicto político.

Pero la Resistencia Estudiantil no lo ve así. Para ellos, la virtualidad no es un puente, sino un distractor. Un mecanismo que —afirman— fragmenta el movimiento, debilita la protesta y desplaza el foco del conflicto: la falta de condiciones mínimas de seguridad, detonada por la desaparición y feminicidio de Kimberly y Karol.

El desacuerdo no es menor. Mientras la Rectoría insiste en que la virtualidad evita la pérdida del semestre —un límite marcado por la Dirección General de Profesiones—, los estudiantes sostienen que no puede haber educación digna sin seguridad real. Y que cualquier intento de retomar actividades sin resolver el fondo es evadir responsabilidades institucionales.

En medio de ambas posturas, el diálogo sigue suspendido. Los estudiantes condicionan su regreso a la mesa a tres puntos inmediatos:

1. Un comunicado oficial que garantice que nadie perderá el semestre por no conectarse.
2. El fin del convenio de seguridad con el gobierno estatal.
3. La suspensión del Plan Integral de Seguridad Universitaria, al que califican como una imposición sin participación estudiantil vinculante.

La Rectoría, por su parte, enfrenta otro problema: las denuncias de hostigamiento. Directivos de Nutrición y Enfermería han sido señalados por presionar al alumnado para regresar a clases, lo que contradice la carta de no represalias y erosiona aún más la confianza. La Procuraduría ha sido clara: está prohibido identificar, sancionar o estigmatizar a quienes mantienen la toma. Pero en los hechos, la percepción estudiantil es otra.

Así, la universidad se encuentra atrapada entre dos urgencias legítimas:

• Garantizar la continuidad académica, porque cada semana perdida compromete trayectorias, prácticas, evaluaciones y procesos de titulación.
• Garantizar el derecho a la protesta, porque el origen del paro no es caprichoso, sino una demanda de seguridad tras hechos graves.

La pregunta entonces no es cuál derecho debe imponerse, sino cómo evitar que uno anule al otro.

La virtualidad, en teoría, ofrece una salida intermedia. Pero en la práctica, se ha convertido en un nuevo campo de disputa. Para la administración, es una herramienta de equilibrio. Para los estudiantes, es una forma de presión encubierta. Para la comunidad, es una señal de que el conflicto se prolongará.

¿Existe una salida? Tal vez, pero no mientras la discusión siga atrapada en la superficie. La universidad necesita un acuerdo que reconozca que la educación no puede avanzar sin seguridad, y que la protesta no puede prolongarse indefinidamente sin afectar a quienes también tienen derecho a formarse.

La respuesta no está en elegir un derecho sobre otro, sino en construir condiciones para que ambos puedan ejercerse sin cancelarse mutuamente. Y eso solo puede lograrse en una mesa de diálogo que hoy, por desconfianza, por errores y por tensiones acumuladas, sigue vacía.

La pregunta sigue abierta: ¿derecho a la educación o derecho a la protesta? La UAEM necesita que la respuesta sea “ambos”. Pero para llegar ahí, primero necesita que el diálogo vuelva a existir.