Tiempos Modernos: El cerco contra Cuauhtémoc Blanco

La Fiscalía Anticorrupción de Morelos dio un paso que parecía imposible hace apenas un año: judicializó 50 denuncias contra el círculo más cercano de Cuauhtémoc Blanco. No es un gesto simbólico ni un movimiento administrativo. Es el inicio de un proceso que apunta directamente a la estructura que gobernó Morelos desde la improvisación, el desorden y el abandono total.

Durante su administración, Blanco convirtió al estado en un territorio sin conducción. La inseguridad se disparó, los grupos criminales ampliaron su presencia y la ciudadanía quedó a merced de una violencia que nadie atendió. No fue un accidente ni una mala racha: fue el resultado de un gobierno que nunca tomó en serio a la población, que redujo la responsabilidad pública a un espectáculo y que dejó que operadores sin experiencia ni escrúpulos ocuparan posiciones clave.

Hoy, las denuncias judicializadas revelan lo que durante años se gritó desde la sociedad civil, la academia y los propios municipios: el gobierno de Blanco funcionó como una red, no como una administración. Una red que, según múltiples señalamientos, operó contratos irregulares, desvíos, empresas fantasma y decisiones tomadas desde intereses ajenos al servicio público. Una red que dejó a Morelos sin estrategia de seguridad, sin política social, sin rumbo institucional.

El abandono no fue solo administrativo. Fue moral. Mientras la violencia crecía, mientras los municipios pedían auxilio, mientras las víctimas se multiplicaban, el exgobernador parecía más interesado en su carrera personal que en el destino del estado que juró gobernar. La crisis de inseguridad que hoy vivimos es, en buena medida, su herencia directa: años sin coordinación, sin inteligencia, sin presencia territorial, sin Estado.

Por eso el cerco judicial importa. No porque vaya a resolver de inmediato la violencia —eso requiere una reconstrucción profunda—, sino porque rompe la impunidad que protegió a un grupo que se creyó intocable. La Fiscalía sostiene que existen elementos para avanzar contra exfuncionarios, operadores financieros y personajes del primer círculo. Y aunque el proceso será largo, el mensaje es inequívoco: el legado de Blanco ya no se discute en la arena política, sino en la judicial.

Morelos necesita justicia, sí, pero también necesita memoria. Necesita recordar que el abandono no es neutro: mata, desplaza, empobrece, fractura. Necesita entender que la inseguridad no brotó sola, sino que fue alimentada por la ausencia de gobierno. Y necesita, sobre todo, que este proceso no se quede a la mitad. Que no sea un ajuste de cuentas, sino el inicio de una reconstrucción institucional real.

Porque lo que está en juego no es solo el pasado inmediato, sino el futuro del estado. Y Morelos ya no puede permitirse otro gobierno que lo deje a la deriva.