Separos municipales: donde la legalidad se sostiene o se quiebra

La seguridad pública municipal no se agota en la prevención del delito en las calles; sus responsabilidades se extienden también al interior de los centros de arresto y retención. Cuando una persona ingresa a un centro de detención o retención por una falta administrativa o con motivo de una puesta a disposición, la autoridad asume una posición especial de garante de sus derechos. En esas circunstancias, cualquier omisión institucional puede comprometer directamente su vida, integridad y dignidad.

Por esta razón, la presentación de los resultados de la Supervisión a Centros de Arresto y Retención (SCAR) 2025, realizada por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHM) en el Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos (IDEFOMM), ante presidentas y presidentes municipales, síndicas y síndicos, integrantes de los cabildos y representantes de los ayuntamientos, no constituye una simple formalidad administrativa ni un requisito burocrático. Representa un ejercicio indispensable de rendición de cuentas, un diagnóstico de las condiciones en que operan estos espacios y un llamado a las autoridades responsables para atender las deficiencias identificadas.

Conviene detenerse en la importancia de este instrumento institucional. Desde 2019, la CDHM asumió la tarea de examinar las condiciones físicas, legales y operativas de los centros de arresto y retención en los 36 municipios de Morelos y en las instalaciones dependientes de la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, este mecanismo se vio interrumpido en 2024. Fue en 2025 cuando, bajo la actual administración, logramos recuperar y reactivar esta labor prioritaria, convencidas de que la vigilancia institucional debe mantenerse precisamente en aquellos espacios donde las personas se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad.

Los hallazgos de la SCAR 2025, obtenidos a partir de la evaluación de cuatro ejes fundamentales —estancia digna, seguridad e integridad, debido proceso, e igualdad y accesibilidad—, exigen una respuesta oportuna de las autoridades competentes:

• 27 centros operan con deficiencias graves en protocolos de actuación policial y capacitación para el manejo de personas detenidas.
• 25 centros omiten por completo la acreditación de fumigación y controles sanitarios mínimos.
• 23 instalaciones presentan fallas críticas y persistentes relacionadas con el suministro de agua corriente o apta para el consumo humano.
• 22 centros registran deficiencias alarmantes en la prestación oportuna de atención médica de primera respuesta.
• Asimismo, 20 espacios incumplen con las normas del Registro Nacional de Detenciones y en 16 se detectaron omisiones severas respecto de los mecanismos obligatorios para informar a las personas detenidas sobre los derechos constitucionales que les asisten.

Estas cifras no deben interpretarse como simples estadísticas ni como fallas menores de infraestructura. Representan factores de riesgo para la vida, la integridad y la dignidad de las personas. Una muestra de la importancia preventiva y correctiva de la SCAR es que su edición 2025 permitió dar seguimiento a dos resoluciones aceptadas y actualmente en vías de cumplimiento, relacionadas con fallecimientos ocurridos en los centros de arresto y retención de Cuautla. La supervisión existe, precisamente, para identificar y corregir condiciones que podrían derivar en consecuencias irreparables para las personas y sus familias.

Ante este panorama, la CDHM hace un llamado firme y razonado a las autoridades municipales. Las limitaciones presupuestales que históricamente enfrentan los ayuntamientos no pueden justificar el incumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos. Es importante reconocer, asimismo, que municipios como Jiutepec, Temixco, Cuernavaca, Hueyapan y Cuautla concentran acciones de mejora y esfuerzos institucionales que muestran la posibilidad de avanzar en la atención de estas deficiencias. Tales experiencias deben servir para impulsar medidas concretas en los demás municipios, donde persisten importantes desafíos.

Garantizar agua potable, condiciones de higiene, atención médica oportuna, respeto al debido proceso y un registro transparente de cada detención no constituye una concesión de la autoridad. Se trata de obligaciones constitucionales que deben cumplirse en todo momento, particularmente cuando una persona se encuentra bajo custodia y depende directamente del Estado para la protección de sus derechos.

La privación temporal de la libertad no extingue ni disminuye la dignidad de una persona ni los derechos que le son inherentes. Retomar y dar continuidad a la supervisión de los centros de arresto y retención en Morelos es fundamental para asegurar que la legalidad, la justicia y el respeto a los derechos humanos estén presentes desde el primer momento de la detención. La manera en que una autoridad trata a quienes se encuentran bajo su custodia también expresa su compromiso con el Estado de derecho.

En Morelos, todos los derechos para todas las personas.