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Cuernavaca, Morelos, 9 de septiembre de 2026. — Una ola de 500 juicios de amparo promovidos por la burocracia estatal paralizó las actividades del Congreso de Morelos durante el reciente receso legislativo. La cifra, calificada como atípica por las autoridades parlamentarias, exponen la desesperación de los trabajadores del gobierno estatal ante un rezago en la dictaminación de jubilaciones que acumula entre ocho y diez años de inactividad.
De acuerdo con la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, la omisión de legislaturas pasadas forzó a la base laboral a recurrir al Poder Judicial de la Federación para exigir su retiro mediante plazos perentorios. A este rezago histórico se sumó el temor de los trabajadores a perder prerrogativas frente a la eventual creación del Instituto de Pensiones del Estado, factor que aceleró las promociones judiciales durante los 45 días del receso.
La presión de las autoridades judiciales impone una dinámica de urgencia en el recinto legislativo, dado que los jueces federales fijaron plazos estrictos para la entrega de los dictámenes correspondientes. De no atender de manera prioritaria este flujo de amparos, las y los diputados se exponen a apercibimientos y multas por desacato, lo que coloca la agenda laboral en el primer lugar de la lista de prioridades para el presente período ordinario.
Para contener la crisis, la comisión se fijó la meta de desahogar cerca de 1,600 expedientes pendientes en un lapso de tres meses. La estrategia contempla priorizar el desahogo de solicitudes por estricto orden de antigüedad, dando atención inmediata a los mandatos emitidos por los juzgados federales para evitar sanciones institucionales.




