Detienen al presunto feminicida de la estudiante española en Cuautla
Cuernavaca Mor., 3 de agosto de 2026.— Mientras miles de familias en Morelos enfrentan la lentitud del sistema de justicia, la cúpula del Poder Judicial del Estado volvió a dar muestras de sus privilegios corporativos. Tras tomarse tres semanas consecutivas de vacaciones —violando los plazos fijados por la norma—, este lunes reanudaron sus funciones el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).
El cierre de instalaciones desde el pasado 13 de julio no solo vulneró el derecho de la ciudadanía a una impartición de justicia pronta y expedita, sino que exhibió la discrecionalidad con la que se conducen los altos mandos judiciales. Diversos colegios de abogados denunciaron que los tribunales se tomaron 21 días de asueto en lugar de los 15 contemplados por ley, paralizando expedientes, audiencias y trámites urgentes.
La parálisis evidencia además la brecha económica entre la burocracia dorada de los tribunales y el gremio litigante independiente. Mientras magistrados y mandos superiores mantuvieron intactos sus salarios abultados durante casi un mes de inactividad, los abogados de a pie sufrieron pérdidas económicas directas al no poder trabajar por el cierre de las dependencias.
A la arbitrariedad en las fechas se sumó el opaco manejo institucional del Tribunal de Justicia Administrativa, presidido por Guillermo Arroyo Cruz. El TJA incurrió en la falta de transparencia al no notificar debidamente a los usuarios sobre la suspensión de labores, dejando a la ciudadanía en la incertidumbre tanto en estrados físicos como en sus canales digitales.
A partir de las 08:00 horas de este lunes, las puertas de las sedes judiciales se abrieron entre el descontento de un sector social y profesional que exige el fin de las prebendas burocráticas y una reforma de fondo que impida que la justicia en Morelos siga subordinada a los calendarios de descanso de sus magistrados.




