Protesta, memoria y libertad de prensa: derechos que exigen garantías y convivencia democrática

Cada 2 de octubre, México vuelve sobre una de las heridas que transformaron nuestra comprensión de las libertades públicas. La memoria de 1968 no pertenece únicamente al pasado: constituye una advertencia sobre las consecuencias que puede tener el ejercicio arbitrario del poder y, al mismo tiempo, una reivindicación de derechos sin los cuales ninguna democracia puede considerarse plenamente viva: reunirse, manifestarse, disentir, exigir justicia y hacer visible aquello que desde el poder o desde la sociedad se preferiría mantener fuera de la mirada pública.

En Morelos, esa memoria volvió a ocupar las calles. Colectivas, colectivos, estudiantes, familiares de víctimas y activistas participaron en la movilización del pasado 2 de octubre en Cuernavaca. Durante la jornada, sin embargo, también se registraron tensiones y agresiones contra periodistas, fotógrafos y camarógrafos que documentaban la protesta. Lo ocurrido plantea una discusión que merece algo más que respuestas inmediatas o posiciones irreconciliables: exige preguntarnos cómo hacer coexistir, en un mismo espacio democrático, derechos cuya protección resulta igualmente indispensable.

Desde la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos debemos comenzar por una precisión fundamental. Nuestra presencia en las manifestaciones responde a un mandato constitucional de observación y acompañamiento preventivo. El personal de este organismo acude a las calles para supervisar la actuación de las autoridades y advertir posibles abusos de poder o violaciones a derechos humanos atribuibles a personas servidoras públicas. Las controversias entre particulares se encuentran fuera de nuestras facultades legales de investigación. Esta delimitación no es una evasión frente a los acontecimientos; es una condición esencial de la imparcialidad con la que debe conducirse un organismo público de derechos humanos.

Pero delimitar una competencia jurídica no significa guardar silencio frente a una cuestión que involucra el ejercicio de libertades fundamentales.

La protesta social es una forma especialmente relevante de participación en la vida pública. Permite expresar inconformidad, disputar decisiones, exigir respuestas y hacer visibles demandas que no siempre encuentran espacio suficiente por las vías institucionales ordinarias. Por ello, una sociedad democrática no debe mirar la protesta como una anomalía que deba ser contenida, sino como una expresión legítima del pluralismo, incluso —y quizá especialmente— cuando resulta incómoda para el poder.

El periodismo desempeña una función igualmente indispensable. Quien registra una manifestación no solamente documenta aquello que ocurre frente a una cámara: contribuye a construir la memoria pública de los acontecimientos y hace posible que la sociedad conozca, contraste y juzgue los hechos. La libertad de expresión comprende precisamente la posibilidad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas. Sin esa mirada independiente, una parte de lo que sucede en nuestras calles quedaría condenada a desaparecer con el instante.

Por eso conviene establecer una frontera inequívoca. La crítica a una cobertura periodística es legítima; la discrepancia con una línea editorial también lo es. Ninguna de ellas, sin embargo, convierte en admisibles la amenaza, la intimidación, la agresión física, el daño a equipos de trabajo o la imposición de borrar imágenes y registros periodísticos. Del mismo modo, documentar una protesta, incluidas las expresiones que puedan generar controversia, no equivale por sí mismo a criminalizarla ni a deslegitimar sus causas.

Esto tampoco releva al periodismo de sus propias responsabilidades. Informar sobre una movilización exige rigor, contexto y sensibilidad frente a las personas y las causas que confluyen en ella. Particularmente en escenarios de tensión, la cobertura responsable debe evitar estigmatizaciones y narrativas que reduzcan una movilización social a sus episodios de confrontación, porque hacerlo puede borrar las demandas que llevaron a cientos de personas al espacio público. Responsabilidad periodística y libertad de prensa no son términos incompatibles: la primera fortalece la legitimidad de la segunda.

La cuestión central, por tanto, no consiste en elegir entre el derecho a protestar y el derecho a informar. Plantearlos como libertades enfrentadas sería aceptar una falsa disyuntiva. Ambas forman parte de un mismo ecosistema democrático: necesitamos una sociedad capaz de interpelar al poder y necesitamos periodistas capaces de documentar esa interpelación.

Aquí aparece una responsabilidad que corresponde inequívocamente al Estado. Garantizar derechos no significa solamente abstenerse de vulnerarlos. Implica generar condiciones para que puedan ejercerse efectivamente. En una movilización, ello supone proteger la integridad de quienes protestan y de quienes documentan; privilegiar la prevención y el diálogo; facilitar el trabajo periodístico; y contar con protocolos de actuación que reduzcan los riesgos de confrontación sin convertir la seguridad en pretexto para inhibir el espacio cívico.

Cuidar el espacio público, en consecuencia, no significa silenciarlo ni militarizarlo. Significa hacerlo suficientemente seguro para que la inconformidad pueda expresarse sin represión y para que los hechos puedan ser documentados sin intimidación. Esa capacidad institucional para proteger simultáneamente derechos distintos, incluso en momentos de tensión, constituye una de las pruebas más exigentes de cualquier democracia.

El 2 de octubre nos obliga a recordar eso. La memoria pierde parte de su sentido cuando se limita a conmemorar el pasado y no sirve para examinar críticamente el presente. Recordar 1968 supone también preguntarnos qué instituciones estamos construyendo, qué espacio concedemos al disenso y qué tan capaces somos de resolver nuestras diferencias sin recurrir a la violencia, la censura o la imposición.

Morelos necesita calles donde sea posible protestar y también documentar la protesta; una sociedad que pueda exigir justicia y una prensa que pueda contar cómo se exige. No porque ambos ejercicios estén siempre de acuerdo, sino porque una democracia se reconoce, precisamente, por su capacidad para garantizar derechos aun en medio del desacuerdo.

En Morelos, todos los derechos para todas las personas.