Ponen en jaque jubilaciones las finanzas del TSJ

El esquema de pensiones del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Morelos enfrenta una crisis financiera debido a la temprana edad de retiro de sus trabajadores. Según un estudio de la organización Morelos Rinde Cuentas, el promedio de jubilación en la institución es de apenas 53 años. Por esta razón, el erario debe cubrir pensiones durante un periodo de hasta 30 años por cada empleado retirado.

Un gasto millonario para el erario

Actualmente, el Tribunal contabiliza a 704 pensionados y jubilados. Esta nómina representa un gasto mensual de 19.2 millones de pesos. Al cierre de cada ejercicio, el costo total para las finanzas públicas estatales alcanza los 289 millones de pesos. Además, la tendencia de retiros tempranos continúa creciendo, lo que aumenta la presión sobre el presupuesto público de manera insostenible.

Por otro lado, los datos detallan que la mayor parte de las jubilaciones se concentran entre los 49 y 53 años. Tan solo en el rango de los 49 años, existen 50 personas jubiladas, mientras que otras 49 se retiraron a los 50 años. En consecuencia, la gran mayoría de los beneficiarios abandona la vida laboral activa mucho antes de la edad promedio de jubilación en otros sectores.

Radiografía de las jubilaciones por edad

Con corte a febrero de 2026, el análisis de la organización civil desglosa la distribución de los jubilados de la siguiente manera:

• 40 años o menos: 10 personas.
• 41 a 50 años: 228 personas.
• 51 a 60 años: 331 personas.
• 61 a 70 años: 79 personas.
• 71 años o más: 3 personas.
  

Estas cifras excluyen las pensiones por viudez, invalidez u orfandad. No obstante, reflejan una carga financiera de largo plazo que compromete la viabilidad del TSJ.

Finalmente, Morelos Rinde Cuentas advirtió que esta situación representa un riesgo crítico para la estabilidad financiera del estado. Por este motivo, la organización propuso reformas urgentes al sistema de jubilaciones para garantizar su sostenibilidad futura. De no actuar pronto, el costo de las pensiones podría desplazar la inversión en otras áreas fundamentales de la administración de justicia.