Plantea Carla Humphrey 50% de gubernaturas para mujeres en 2027

OAXACA, Oax., 18 de agosto de 2026.- Al menos 50 por ciento de las 17 gubernaturas que se disputarán en 2027 deberían corresponder a mujeres, planteó la consejera electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Astrid Humphrey Jordan.

Durante el proceso electoral 2026-2027 estarán en juego alrededor de 20 mil cargos de elección popular en el país y entre 10 mil y 11 mil deberán corresponder a mujeres, señaló.

“No solamente la postulación, sino ocupar estos cargos”, puntualizó durante su participación a distancia en la conferencia Derechos Político-Electorales de las Mujeres y su defensa ante los órganos jurisdiccionales.

Humphrey explicó que la paridad constitucional debe reflejarse en resultados y no limitarse al registro de candidaturas. Recordó que desde 2020 el INE ha emitido acuerdos de paridad para las elecciones de gubernaturas, medidas que han enfrentado impugnaciones de partidos políticos.

Expuso que la reforma constitucional de 2014 se concentró principalmente en la postulación paritaria, mientras que la reforma de 2019, conocida como Paridad en Todo, amplió el principio a los poderes, niveles de gobierno y organismos autónomos.

También destacó criterios jurisdiccionales que consideran el 50 por ciento como un piso y no como un límite para la participación de las mujeres en la integración de órganos públicos.

La consejera ubicó uno de los mayores rezagos en el ámbito municipal y particularmente en comunidades regidas por sistemas normativos internos, donde consideró necesarias acciones afirmativas construidas a partir del contexto y la cosmovisión de cada comunidad.

Advirtió que estas medidas deben facilitar el acceso de las mujeres a los cargos y no imponerles nuevas cargas, por lo que llamó a los institutos electorales locales y al INE a profundizar el trabajo en esa materia.

En el caso de Oaxaca, Humphrey señaló que durante el proceso electoral 2023-2024 la entidad presentó la mayor brecha entre mujeres y hombres que renunciaron a candidaturas: 74 por ciento de las renuncias correspondieron a mujeres y 26 por ciento a hombres.

Citó este dato al abordar las amenazas, intimidaciones y otras condiciones que dificultan la permanencia de las mujeres en las contiendas electorales.

La violencia política contra las mujeres en razón de género ocupó otra parte central de su exposición. Humphrey indicó que durante el proceso electoral federal 2023-2024 las denuncias recibidas aumentaron más de 300 por ciento.

Señaló también que durante la elección del Poder Judicial de la Federación el INE recibió 309 denuncias, de las cuales 42 estuvieron relacionadas con violencia política contra las mujeres en razón de género.

Humphrey cuestionó que la inscripción de una persona en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género no sea suficiente actualmente para impedirle acceder a un cargo público.

A su juicio, limitar los efectos del registro reduce su utilidad práctica, pues permite identificar públicamente a quienes cometieron este tipo de violencia sin que necesariamente exista una consecuencia sobre su posibilidad de ocupar cargos.

También planteó revisar los alcances de la 8 de 8 contra la violencia. Consideró problemático que se requiera una sentencia firme para impedir el acceso a un cargo, ante las dificultades que enfrentan las mujeres para obtener una resolución judicial definitiva.

La consejera recordó que un antecedente relevante del registro nacional de personas sancionadas surgió precisamente de un caso de Oaxaca, a partir de una resolución relacionada con violencia política contra las mujeres.

Humphrey destacó además la importancia del litigio estratégico para ampliar los derechos políticos y electorales de las mujeres y repasó sentencias que permitieron avanzar desde las cuotas de género hasta la integración paritaria de órganos legislativos y las acciones afirmativas.

Entre los criterios que consideró relevantes mencionó la distribución de candidaturas de mujeres en espacios competitivos, los ajustes a las listas de representación proporcional y la posibilidad de aplicar simultáneamente paridad y acciones afirmativas cuando beneficien a un mayor número de mujeres.

También pidió revisar los requisitos para denunciar violencia política. Señaló que existen casos en los que una mujer amenazada debe ratificar una queja presentada por terceras personas, condición que, consideró, puede dificultar su protección.

Explicó que las denuncias pueden seguir vías electorales, penales y administrativas, y apuntó que el INE puede sustanciar procedimientos y ordenar medidas cautelares o de protección, aunque la imposición de sanciones corresponde a otras instancias.

En materia penal cuestionó la lentitud de los resultados y señaló que, a seis años de la tipificación de la violencia política contra las mujeres en razón de género, la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales cuenta únicamente con 10 carpetas judicializadas.

Otro de los retos que identificó es la violencia digital. Humphrey consideró necesario establecer mayores obligaciones para plataformas y redes sociales, ante el crecimiento de las agresiones contra candidatas en estos espacios y las posibilidades de manipulación de contenidos mediante inteligencia artificial.

Entre las barreras que todavía enfrentan las mujeres para participar en política mencionó las culturales, las cargas de cuidados, las prácticas internas de los partidos y las condiciones institucionales que reducen sus posibilidades de competir y ejercer cargos.

Planteó además que las autoridades electorales deben vigilar las reformas locales para garantizar la paridad horizontal, vertical y transversal, la alternancia, los espacios exclusivos para mujeres y la igualdad sustantiva, y advirtió sobre intentos de regresión en algunas entidades.

“La democracia se mide por la posibilidad real de que todas las personas puedan participar en condiciones de libertad y de igualdad”, expresó al cerrar su exposición.

La conferencia se realizó en el marco de la inauguración del Diplomado Litigio Estratégico con Perspectiva de Género e Interculturalidad para la Defensa de los Derechos Político-Electorales de las Mujeres de Oaxaca, impulsado como parte del Plan Anual de Trabajo 2026 del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Oaxaca.

La consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), Elizabeth Sánchez González, señaló que el proceso formativo busca fortalecer las estrategias jurídicas con perspectivas de género y enfoques intercultural e interseccional para la defensa de estos derechos.

En el diplomado fueron seleccionadas 50 mujeres, luego de que la convocatoria recibió 227 solicitudes en cuatro días y 128 aspirantes pasaron a la etapa de entrevistas.

De las participantes, 45 se reconocen como integrantes de comunidades o pueblos indígenas, cuatro como afromexicanas y una como afroindígena; además, 15 hablan alguna lengua indígena, entre ellas zapoteco, mixteco y mixe.

El programa consta de seis módulos sobre litigio estratégico, igualdad sustantiva y derechos humanos, derechos político-electorales, justicia electoral, procedimientos penales por violencia política contra las mujeres y estrategias de incidencia y análisis de sentencias.

El diplomado forma parte de las acciones del Observatorio, integrado de manera permanente por el IEEPCO, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Oaxaca, el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) y la Secretaría de las Mujeres.

También intervino en la conferencia inaugural Anabel López Sánchez, directora general de Políticas de Prevención de la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México. El Poder Judicial del Estado participa en el proceso formativo a través de la Escuela Judicial.