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ZACATEPEC, Mor. 5 de julio de 2026.- La operación del Ingenio Emiliano Zapata, uno de los pilares de la industria azucarera en el centro del país y actualmente en manos del Corporativo Azucarero Beta-San Miguel, carece de certeza jurídica sobre la propiedad de la tierra donde se asienta.
Un proceso de revisión de archivos históricos y cartas de expropiación de hace más de siete décadas ha puesto al descubierto un vacío legal: las instalaciones fabriles y diversas construcciones federales se edificaron y operaron en suelo ejidal sin que exista registro de la indemnización correspondiente a los legítimos propietarios agrarios.
El conflicto legal, que escaló tras el desalojo de trabajadores y comuneros de la zona de enfriamiento conocida como "la alberca del ingenio", evidenció las omisiones administrativas en las que incurren los empresarios cañeros. Ángel Jiménez Baldera, presidente del comisariado ejidal de Zacatepec, confirmó que el consorcio no dispone de los documentos básicos que validan legalmente la posesión del polígono.
"El ingenio no tiene acta de asamblea", afirmó Jiménez Baldera, al señalar que los empresarios no han podido presentar el documento oficial que acredita alguna donación, traspaso o cesión de los terrenos por parte del núcleo agrario.
El origen de esta irregularidad se remonta a 1938, cuando el entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río inauguró el ingenio bajo un esquema de cooperativa ejidal obrera. Sin embargo, a lo largo de las décadas, gobernadores y autoridades locales de la época ejecutaron expropiaciones y reordenamientos territoriales de forma discrecional. La documentación histórica en poder de la representación agraria demuestra que el proceso de compensación económica a los comuneros fue omitido.
El litigio por el predio segmentado de "la alberca" y sus zonas aledañas data de al menos tres años, acumulando denuncias formales por el delito de despojo desde mayo de 2023. Ante la falta de acuerdos y de comprobantes de propiedad por parte del corporativo, la disputa se trasladó a los tribunales agrarios, donde se espera una resolución vinculante la próxima semana.
Este caso vuelve a poner en el debate público la recurrencia de los litigios agrarios en el estado de Morelos, derivados de las expropiaciones irregulares del siglo pasado. Mientras la actividad cañera se mantiene como el principal motor económico de la región de Zacatepec, el crecimiento urbano y las ocupaciones de empresas privadas e instituciones federales continúan operando bajo un esquema de incertidumbre patrimonial que, tras 70 años, la vía legal busca esclarecer de forma definitiva.