Nace “Transparencia para el Pueblo de Morelos”; asumirá funciones del extinto IMIPE

CUERNAVACA, Mor. 11 de mayo del 2026. – Tras la desaparición del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), el Gobierno del Estado definió el nuevo esquema para garantizar el derecho a la información. La titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Alejandra Pani, informó la creación de “Transparencia para el Pueblo de Morelos”, órgano desconcentrado que inició funciones formalmente el pasado 6 de mayo de 2026.

Autonomía y estructura del nuevo organismo
De acuerdo con la funcionaria, este nuevo organismo se alinea a la Ley General de Transparencia vigente desde 2025. Aunque estará adscrito a la Secretaría Anticorrupción, Alejandra Pani enfatizó que contará con autonomía funcional, técnica y de gestión, elementos clave para asegurar que la entrega de información gubernamental sea imparcial.

El organismo estará estructurado bajo una dirección general y tres áreas operativas fundamentales:

Dirección de Cumplimiento al Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública.

Dirección de Evaluación, Divulgación, Capacitación y Cultura de Transparencia.

Dirección de Recursos de Revisión.

Vigilancia sobre 120 sujetos obligados
“Transparencia para el Pueblo de Morelos” heredará la responsabilidad de fiscalizar a la gran mayoría de las entidades públicas. Alejandra Pani detalló que el órgano tendrá competencia sobre 120 sujetos obligados, lo que representa el 95 por ciento del padrón estatal anterior. Entre estos se incluyen:

Las 16 secretarías estatales y 43 organismos paraestatales.

Los 36 ayuntamientos de la entidad.

12 sistemas DIF municipales y 11 sistemas operadores de agua potable.

Hacia un nuevo sistema de rendición de cuentas
La secretaria reconoció que el reto institucional es considerable debido al volumen de sujetos obligados; sin embargo, aseguró que el trabajo bajo este nuevo esquema se regirá por criterios de certeza jurídica y orden.

Finalmente, Pani señaló que el gobierno estatal se mantiene a la espera de la aprobación de las leyes secundarias correspondientes para terminar de consolidar el sistema estatal de transparencia, trabajando en coordinación con las autoridades garantes para asegurar que el derecho ciudadano a saber permanezca protegido en esta etapa de transición.