Los filtros de la democracia

Llevo más de treinta años en el servicio público, trabajando en temas legislativos, de diálogo y coordinación política y en cuestiones técnicas referidas a temas relacionados con el agua,  y precisamente en el tema hidráulico hay aprendizajes que considero útiles para la gestión pública. Por ejemplo, que los problemas más costosos en la operación de un sistema de agua potable casi nunca empiezan con una gran ruptura, de hecho, muchas veces empiezan con una pequeña falla que no se detectó a tiempo. Por eso, antes de poner en operación una tubería o un equipo, existen pruebas, certificaciones y controles de calidad.

Las tuberías se prueban, los equipos se certifican y los materiales pasan muchos filtros antes de ponerse en funcionamiento. No porque se parta de la desconfianza, sino porque una falla que no se detecta desde el principio termina convirtiéndose, tarde o temprano, en un problema para miles de personas. Esa lógica también debería aplicarse al servicio público.

Con frecuencia hablamos de cómo vigilar a quienes ya ocupan un cargo, exigimos transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, y está muy bien que así sea. Pero pocas veces nos detenemos a discutir algo igual de importante: que mecanismos existen para garantizar que quienes aspiran a gobernar lleguen con la integridad que la responsabilidad exige.

No se trata de presumir culpas ni de sustituir el derecho de la ciudadanía a elegir, se trata de entender que la confianza de la gente también puede construirse desde la prevención. Por eso considero relevante la discusión que hoy se está dando en nuestro país:

Morena ha decidido que como parte del proceso de designación de las Coordinaciones de Comités en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, se lleve a cabo una revisión de los expedientes de quienes aspiran a esa responsabilidad. Se trata de un mecanismo preventivo que busca identificar posibles riesgos antes de definir las postulaciones. Al mismo tiempo, la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso una iniciativa para crear una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas dentro del Instituto Nacional Electoral, con el propósito de que los partidos cuenten con herramientas adicionales para evaluar los perfiles que presentan a la ciudadanía, siempre bajo criterios que respeten la presunción de inocencia y el debido proceso.

La experiencia de los últimos años obliga a reconocer una realidad: cuando dejamos de revisar con rigor a quienes aspiran a una responsabilidad pública, la corrupción y el crimen organizado encuentran espacios para infiltrarse en la vida pública. Durante demasiado tiempo nos enteramos de los antecedentes de algunos funcionarios cuando el daño ya estaba hecho. Primero vienen los señalamientos, después las investigaciones y, finalmente, la pregunta que nadie puede responder: “¿por qué nadie lo detectó antes?”.

Si hoy existen mecanismos para fortalecer la revisión de quienes aspiran a una candidatura, es momento de asumir que la prevención ya forma parte fundamental de la democracia. Vale la pena preguntarnos quiénes están dispuestos a impulsar estos controles y quiénes prefieren que todo siga igual.

Quien aspira a representar a las y los ciudadanos debe entender que la confianza no se exige sino que se construye y se acredita. Así como un ingeniero responde por la calidad de la obra que entrega, quienes buscan ejercer una responsabilidad pública deberían estar dispuestos a demostrar que cumplen con los estándares éticos y legales que esa responsabilidad implica.

Todo proyecto que aspire a gobernar debe estar dispuesto a someter a sus representantes a estándares cada vez más altos. En un país que ha padecido la corrupción y la infiltración del crimen organizado, mirar hacia otro lado ya no puede ser una opción. La democracia se fortalece cuando la prevención empieza a asumirse como una responsabilidad básica, esa es la diferencia entre administrar las consecuencias y construir confianza.

* Javier Bolaños es egresado del Instituto Politécnico Nacional, con larga trayectoria en la función pública y experto en gestión hídrica.