Logra Resistencia Estudiantil compromiso de no represalias

CUERNAVACA, Mor., 27 de marzo de 2026.- La formalización del "Acuerdo Institucional de Garantías de No Represalias" marca un antes y un después en la historia jurídica de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Este documento, leído y discutido este viernes entre la Resistencia Estudiantil y la Rectoría, no es una simple carta de intención; se trata de un blindaje legal exhaustivo que protege a estudiantes, docentes y administrativos que se han sumado al movimiento iniciado el pasado 26 de febrero tras el asesinato de las estudiantes Kimberly y Karol.

El acuerdo establece que el derecho a la protesta social, las tomas de instalaciones y los paros son mecanismos legítimos de exigencia frente a las autoridades universitarias. Bajo esta premisa, queda expresamente prohibida cualquier represalia de índole académica, administrativa, laboral o legal. Esto incluye la prohibición de reprobaciones injustificadas, bajas de calificación, cancelación de exámenes o el inicio de procedimientos de expulsión. El documento protege incluso las formas de participación "pasivas" o de simple solidaridad, garantizando que nadie sea perseguido por su ideología o apoyo al movimiento.

Acuerdos histórico del Movimiento

Un avance significativo es el reconocimiento de la iconoclasia simbólica y las intervenciones artísticas (muralismo, stencil y pegas) como expresiones protegidas por la libertad de expresión. La universidad se compromete a no criminalizar estas manifestaciones y, de manera crucial, estipula que el "desgaste ordinario" de las instalaciones derivado de la toma no puede ser tipificado como daño patrimonial ni sancionable, siempre que no exista una destrucción deliberada con dolo. Con esto, se busca evitar que el uso de los espacios universitarios sea utilizado como herramienta de intimidación legal contra los alumnos.

En materia de privacidad, el pacto garantiza la no exposición de datos personales. Queda estrictamente prohibido que las autoridades o grupos de vigilancia realicen "fichajes", tomen fotografías o videos sin consentimiento, o elaboren listas de participación con fines disciplinarios. Ninguna persona está obligada a identificarse o rendir declaraciones sobre su involucramiento en el movimiento, y cualquier violación a esta cláusula será considerada una forma de hostigamiento institucional contraria a la seguridad jurídica de la comunidad.

El acuerdo también contempla un ambicioso Plan Integral de Acción Académica. Este plan, que deberá construirse de forma participativa, prioriza la recuperación del semestre bajo criterios de flexibilidad y equidad. Se busca que las causas que originaron el movimiento —la violencia y la falta de seguridad— no terminen perjudicando la trayectoria escolar de los jóvenes. Asimismo, se ordena que la Unidad de Género mantenga una atención continua y sin dilaciones de todas las denuncias presentadas, evitando que el conflicto actual sirva de pretexto para la inactividad en casos de violencia contra las mujeres.

Como medida preventiva para asegurar el cumplimiento del pacto, se estableció un programa de capacitación obligatoria en derechos humanos para todo el personal docente, directivo y administrativo. Nadie podrá reincorporarse plenamente a sus funciones tras el levantamiento del paro si no ha acreditado este programa, el cual será impartido por instancias externas especializadas. El objetivo es erradicar la violencia institucional y garantizar que, al regreso a las aulas, los estudiantes reciban un trato digno y libre de juicios de valor por su participación en la protesta.

Finalmente, el acuerdo otorga legitimidad exclusiva a la Resistencia Estudiantil UAEM como interlocutor válido, desplazando formalmente a la FEUM y otras organizaciones que los estudiantes desconocieron por falta de representatividad. La universidad se compromete a exhortar a estos grupos ajenos a abstenerse de realizar actos de coacción o intimidación, advirtiendo que cualquier agresión física o psicológica será sancionada conforme a la Ley Orgánica universitaria.

Este instrumento jurídico entrará en vigor de manera retroactiva y permanente, convirtiéndose en el primer precedente en Morelos que reconoce la protesta social como un motor para la construcción de espacios universitarios seguros. Para dotarlo de máxima validez y obligatoriedad, el documento será publicado en el Órgano Informativo Universitario "Adolfo Menéndez Samará", integrando las rúbricas de la rectora, los funcionarios de la administración central y la totalidad de las y los directores de las unidades académicas. El plazo innegociable para su firma y difusión oficial ha quedado fijado para este mismo viernes antes de las 11:59 de la noche, consumando así un acuerdo que redefine la relación entre la institución y el estudiantado para las generaciones presentes y futuras.