Alcanzan pesquisas anticorrupción a gobiernos pasados y actuales
Cuernavaca, Mor., 9 de noviembre de 2026. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó siete artículos de la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Extorsión del Estado de Morelos, al determinar que el Congreso local legisló sobre materias reservadas a la Federación.
La resolución corresponde a las acciones de inconstitucionalidad 73/2026 y su acumulada 76/2026, promovidas por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). El Pleno declaró inválidos los artículos 5, 7, 13, 14, 15, 16 y 17 durante la sesión del 3 de noviembre.
Entre las disposiciones anuladas están las relacionadas con el control penitenciario. Los artículos 15, 16 y 17 establecían medidas como la instalación de tecnología para inhibir señales de comunicación en los centros penitenciarios, restricciones al uso de dispositivos electrónicos y sanciones disciplinarias por extorsiones telefónicas cometidas desde las cárceles.
La Corte determinó que el Congreso de Morelos no tenía facultades para establecer esas reglas, pues la regulación del régimen disciplinario, las condiciones de internamiento y la ejecución de penas corresponde al ámbito federal. La legislación estatal debía ajustarse a la distribución de competencias prevista en la Constitución.
La declaratoria tendrá efectos retroactivos al 28 de mayo de 2026, una vez que los puntos resolutivos sean notificados al Congreso del Estado. La aplicación de la sentencia en investigaciones y procesos en curso deberá sujetarse al marco jurídico correspondiente.